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22 Dec 2014 - 2:00 a. m.

Nada más que la verdad

No puede haber paz sin verdad: sin ese reconocimiento por parte de los distintos actores armados de lo que hicieron. Es significativo que las Farc reconozcan y ofrezcan disculpas por la barbarie perpetrada en Bojayá (Chocó). Pero falta, como decíamos en el comentario del día de ayer.

El Espectador

Su renuencia a reconocer algunos hechos macabros, su tendencia de cambiar las palabras para darles un tinte filosófico a sus hechos y su cinismo vuelto prosopopeya son acciones que no podrán soslayar en este proceso.

Pero no son sólo las Farc. Los actores armados en Colombia se han dedicado a construir discursos para legitimar las atrocidades cometidas y hacer como si nada hubiera ocurrido. Los paramilitares, por ejemplo, se acostumbraron a presentarse como un grupo contrainsurgente, dedicado exclusivamente a combatir a las Farc. Como si las masacres y las desapariciones fueran daños colaterales de su guerra y el narcotráfico hubiera sido —apenas— una actividad secundaria para ellos.

Ya sus mentiras han sido puestas en evidencia. La renuencia de varios exjefes paramilitares a decir la verdad ha llevado a que sean excluidos de Justicia y Paz. Otros han sido seriamente cuestionados por sufrir de “amnesia selectiva”. Se han acostumbrado a decir la verdad cuando les parece. Como el excomandante paramilitar Ramón Isaza, quien hasta ahora se dignó a reconocer su participación en la masacre de La Rochela, perpetrada hace 26 años.

Y el Estado, lastimosamente, no se queda atrás. Fue necesario que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociera que agentes del Estado desaparecieron a 10 personas durante la retoma del Palacio de Justicia para que Colombia aceptara, por fin, que a las Fuerzas Armadas se les fue la mano a la hora de responder ante la brutalidad del M-19. Es cierto: fue ese grupo armado ilegal el que se tomó el Palacio de Justicia a sangre y fuego, pero eso no borra lo demás.

El fallo de la CIDH fue una advertencia clara: la verdad siempre sale a relucir. Un aviso que tienen que tener en cuenta todos los actores armados, y que ha sido puesto de presente por la justicia colombiana ya en reiteradas ocasiones. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ha sido firme a la hora de excluir de Justicia y Paz a aquellos desmovilizados que no han sido honestos.

De hecho, en un reciente fallo, el Consejo de Estado condenó al Estado por el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica Josué Giraldo Cardona, porque para el alto tribunal fue evidente que “los paramilitares que asesinaron a Giraldo contaron con la ayuda de miembros de la Séptima Brigada del Ejército que realizaron seguimientos permanentes a los militantes de la Unión Patriótica”. Además, ordenó al Ministerio de Defensa y a la Policía la realización de varias medidas en favor de las víctimas del genocidio de la UP: la creación de una beca para tomar un curso de posgrado que, además, financie una tesis que deba estar relacionada con el tema de la UP y los derechos humanos; la financiación de un documental de 24 minutos y un cortometraje de 7 en memoria de ese grupo político; pagar una exposición itinerante a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras. Un fallo que llega muchos años tarde.

Ese es, se nos antoja, justamente el mensaje: es mejor que la verdad llegue rápido, de forma pronta, expresa, sin cinismo, sin victimizar, de nuevo a quienes han sufrido el conflicto. Empezar a cumplir eso, a tejer esa historia, sería un paso muy grande hacia la paz.

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