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La existencia de un supuesto plan del ELN para atentar contra el fiscal general, Francisco Barbosa, y otras personalidades debe ser investigada por las autoridades con la mayor presteza y, en caso de comprobarse, el país debe conocer hasta la última minucia del material que sirve de sustento para despejar cualquier duda.
La noche del martes, la Fiscalía reveló, por medio de un comunicado, que fuentes de inteligencia informaron sobre las reuniones de varios cabecillas del ELN para fraguar dicho plan, que comprende además el entrenamiento de francotiradores y movimientos sospechosos de dineros. Luego se conoció que el general (r) Eduardo Zapateiro y la congresista María Fernanda Cabal también estarían entre los objetivos. El Comando Central del ELN respondió que esa información era falsa y la atribuyó a una “estrategia mediática que tiene como propósito crear confusión en la opinión nacional e internacional”.
Antes de cualquier consideración, es necesario rechazar de manera vehemente e inequívoca cualquier pretensión violenta de atentar contra el fiscal general o los demás mencionados. Dicho esto, una denuncia tan delicada exige que haya absoluta certeza sobre la veracidad de ese plan y las posibilidades de que se lleve a cabo. La Fiscalía dijo en su comunicado que todavía está investigando para recaudar las pruebas necesarias y corroborar esa información, que el fiscal dio por cierta y sobre la que ha sido poco discreto.
Con una historia como la que Colombia lleva a cuestas, en medio de un frágil cese del fuego con el ELN y una situación de seguridad deteriorada en el país, minimizar cualquier amenaza de atentado sería irresponsable e ingenuo. Si esos planes son verdaderos, no solo serían una afrenta imperdonable contra el país sino que tendrían consecuencias funestas para cualquier intento de paz con el ELN.
Con todo, no es posible descartar que se trate de un sabotaje a los diálogos, ni sería la primera vez que una facción disidente dentro de esa guerrilla intenta torpedear una negociación de paz. El fiscal general ha respondido de manera agresiva a esta hipótesis, descartándola de entrada, pero es apenas natural que existan suspicacias por el peculiar momento en que se revela este supuesto plan, justo después de inaugurar un cese al fuego bilateral que impulsa el proceso de paz con el ELN. Y también cuando el fiscal Barbosa ha adoptado en los últimos meses un discurso politizado de oposición a la estrategia de paz del Gobierno, algo impropio de su cargo.
El fiscal tiene toda la atención del país y del Gobierno, que se comprometió no solo a investigar sino a tomar la medidas necesarias para garantizar su seguridad. Así debe ser. Por su parte, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación deberá hacer lo propio para determinar si hubo un incumplimiento del cese al fuego, con todas las consecuencias que eso puede acarrear. Entre tanto, no están de más los llamados de Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno con el ELN, quien ha pedido serenidad y cautela.
Es imperativo que los organismos de inteligencia y seguridad consideren todas las hipótesis, confirmen las fuentes de esa información y resuelvan las dudas que genera el caso. Es la única manera de despejar cualquier conjetura.
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