Al cumplirse dos años del polémico fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, mucha agua ha corrido bajo el puente, con temas puntillosos por definir. Es el momento de resolverlos mediante la negociación bilateral.
El diálogo, se dice con razón, es la mejor forma de solucionar los problemas. Mucho más si el mismo se desarrolla a nivel diplomático y envuelve a las más altas autoridades de ambos países. En especial para temas tan complejos y de tanta trascendencia como el de la situación generada en nuestro Caribe. Los raizales se han visto seriamente perjudicados en sus labores de pesca artesanal tras la decisión de la alta Corte. De ahí que con el tacto y la mesura que caracterizan a los responsables de formular y ejecutar la política exterior se pueda llegar a un justo acuerdo.
Se suele olvidar que en diciembre de 2007 la misma Corte produjo un importante fallo que reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero al mismo tiempo la sentencia determinó que el meridiano 82º no era el límite natural entre nuestro país y Nicaragua. En este sentido, la CIJ expresó que tenía competencia para resolver la disputa sobre la frontera marítima. Para este efecto, y luego de escuchar los argumentos de las partes, determinaría a quién le correspondía la soberanía de los demás islotes y cayos, así como la de sus aguas adyacentes. El resultado fue el fallo de noviembre de 2012 que determinó dichos límites. Y ahí fue Troya.
Hubo desde quienes irresponsablemente pidieron enviar barcos de guerra a defender la soberanía, hasta los que, con gran desconocimiento y ligereza, descalificaron todo lo actuado ante la CIJ. No faltaron, por supuesto, los políticos oportunistas que quisieron sacar ventaja de la situación para endilgar al gobierno de turno la responsabilidad del “despojo” que había sufrido el país. Aunque fueron a San Andrés por lana y salieron trasquilados. Vea pues.
Lo cierto, como lo hemos dicho en este periódico, es que el meridiano 82 no era nuestro límite natural. Si se mira el mapa de Colombia a finales de los años sesenta y se compara con el que hay en la actualidad, el país, contrario a lo que se cree, no sólo no perdió, sino que consiguió que jurídicamente la Corte le reconociera soberanía y derechos frente a algunos islotes que forman parte del archipiélago, lo que no había sucedido con anterioridad. Dado que la sentencia es una realidad, el gobierno ha maniobrado entre escollos para no ser acusado a nivel internacional por no acatar el fallo, pero al mismo tiempo capotear la tormenta política interna que se generó. De ahí que en este momento lo que se imponga sean la mesura y la búsqueda de caminos viables para la sin salida en que parecía haber quedado esta papa caliente.
En los dos años que van corridos desde el fallo, Nicaragua, en gesto inamistoso, interpuso dos nuevas demandas contra Colombia. Una para que se cumpla la sentencia en su totalidad y otra para que se determine que, según su absurda interpretación, tiene derechos soberanos sobre la plataforma marítima extendida. El equipo jurídico designado por el presidente Santos ha venido haciendo el trabajo con seriedad y sin mayor figuración. Así debe ser para este tipo de espinosos asuntos. Mientras tanto, la canciller Holguín deberá desplegar toda su habilidad diplomática para que, una vez sentada a la mesa con su par nicaragüense, Samuel Santos López, se protejan los derechos de los raizales y se llegue a un tratado justo que determine, por fin y para siempre, los límites entre los dos países.