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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decidió postergar la aprobación en el Parlamento de una polémica ley que busca reformar de manera peligrosa el sistema judicial, lo que ha llevado al país a uno de sus momentos más difíciles en los últimos 70 años. Una reacción masiva de ciudadanos que salieron el lunes pasado a la calle a protestar, sumándose al cese de actividades en bancos, universidades, el principal aeropuerto y los dos puertos más importantes, así como de los reservistas del ejército, forzaron la medida. En abril se retomará el tema, de cuya definición dependerá la continuidad de Netanyahu en el poder.
Los últimos hechos se desencadenaron luego de que Netanyahu decidiera el domingo sacar del gabinete al ministro de Defensa, Yoav Galant, quien advirtió de las graves consecuencias que tendría para Israel si se continuaba con este proceso de reforma en el Legislativo. Su principal crítica era que se exponía la seguridad del Estado, dado que militares en activo y reservistas expresaron su oposición. La preocupación en este caso es vital, pues se trata de un país que tiene en sus fuerzas armadas un elemento central por estar en una región con enemigos directos o indirectos que constituyen una amenaza para su existencia.
La fractura que se ha producido en la sociedad israelí, desde hace un par de semanas, es la consecuencia directa de un arriesgado cálculo político hecho por el primer ministro, que hasta el momento le ha salido mal. Israel no cuenta con una Constitución, lo que ha dejado un terreno gris en materia de separación de poderes que había sido respetado por todos los gobiernos desde la independencia en 1948. El sistema de pesos y contrapesos, como fundamento de la democracia, se había manejado hasta ahora con el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para poder regresar de nuevo al poder, Benjamín Netanyahu logró conformar por primera vez un gobierno con partidos de la ultraderecha.
En esta oportunidad, con un proceso abierto por corrupción y el haber perdido el apoyo de partidos de derecha moderados con los que cogobernó con anterioridad, dos parlamentarios de la coalición, Yariv Levin y Simcha Rothman, han sido los abanderados de la polémica reforma. La misma busca aprobar una reivindicación de los partidos ultraortodoxos: que la Knéset, Parlamento, pueda anular decisiones de la Corte Suprema de Justicia y que el primer ministro desempeñe un papel importante en la designación de los jueces. Alegan que la Corte ha fallado en contra de temas vitales para ellos, como la permanencia de algunos asentamientos en los territorios ocupados que reclaman como propios con base en insostenibles argumentos religiosos.
De otro lado, se le ha criticado a Netanyahu que si la reforma fuera aprobada él mismo sería beneficiario, pues si la Corte lo condena tendrá la oportunidad de que el Parlamento, donde cuenta con mayoría, anule la decisión. Él lo ha negado y ha dicho que no es esa su voluntad, a pesar de que todos los hechos lo muestran como el mayor favorecido. Entre las voces que se han escuchado desde hace un par de semanas para solicitar el inmediato retiro del proyecto de ley se encuentra el del propio presidente, Isaac Herzog, que a pesar de tener un papel protocolar puede intervenir en política frente a un hecho que así lo amerite.
Lo cierto es que para un político tan hábil y experimentado no se ve una salida fácil para el laberinto en el cual él mismo se ha ubicado. Si pasadas las festividades de la Pascua, Pesaj, decide retirar la reforma, los partidos de derecha dejarán la coalición y forzarán a nuevas elecciones. Si por el contrario mantiene el proyecto de ley, volverá el mismo ambiente de conflictividad político y social en las calles, con lo que esto implica para la convivencia democrática en Israel. En cualquiera de los dos casos, todo indica que el gran perdedor va a ser Netanyahu.
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