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El régimen de Daniel Ortega continúa el baño de sangre contra la oposición. Según un impactante informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se contabilizaban 212 muertos. Desde la OEA, en un intento por frenar la violencia y abrir una vía al diálogo, la CIDH viajará de nuevo a Nicaragua para instalar mañana el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que investigará los hechos de violencia y crímenes ocurridos en el país. También se sumará el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Urge que cese la represión oficial y se reanude el diálogo de inmediato.
La angustiosa situación en el país centroamericano empeora día a día. La Iglesia, el empresariado y buena parte de la población han decidido expresar su rechazo ante un gobierno cleptocrático, sin separación de poderes y en el que los partidos de oposición sufren la persecución del régimen. No hay que olvidar que al inicio Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, verdadero poder detrás del poder, pactaron con la Iglesia y los empresarios para asegurar su permanencia en el poder. En el primer caso, incorporando dentro de la agenda gubernamental posiciones conservadoras y, en el segundo, dejando al empresariado hacer negocios y dinero mientras no se inmiscuyeran en política.
La estrategia funcionó muy bien por diez años. Sin embargo, la situación se le salió de las manos a Ortega tras las protestas que se generaron hace dos meses ante una decisión inconsulta del Ejecutivo que afectaba por igual a empresarios y trabajadores. Tras una masiva protesta pacífica frente a la medida, y como en las épocas de Somoza, se produjo una feroz represión oficial saldada con muertos y heridos. La población enardecida salió a las calles y, como en tiempos de Somoza, construyó barricadas y se enfrentó a piedra a los grupos policiales y paramilitares que han sembrado el terror en el país. En los partes oficiales, como en los años 70, desde la Presidencia se les señala como terroristas.
Los hechos demuestran hasta dónde ha llegado la situación. Luego de la visita in loco de la CIDH, mencionó el viernes anterior en la sede de la OEA que además de los 212 muertos, hay 1.337 heridos. La inmensa mayoría jóvenes. “La información recibida da cuenta de un patrón a través del cual agentes estatales, principalmente agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas actuando en aquiescencia con la Policía, han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones”, según el informe.
La CIDH concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. También preocupan los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país. Al igual que reprueba todos los actos de violencia, hostigamiento y amenazas cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de reconocida afinidad al gobierno. Por último, emitió 15 recomendaciones que deberían ser de obligatorio cumplimiento. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Como era de esperar su canciller, Denis Moncada, justificó lo que ha hecho el gobierno para defenderse y dijo ante la OEA que se trataba de un informe sesgado que no les merecía credibilidad por su parcialidad.
Mientras tanto, el sábado anterior Teyler Leonardo Lorío Navarrete, de un año de edad, murió de un disparo en la cabeza en el barrio Américas Uno, de Managua, luego de que grupos irregulares arremetieran contra el vecindario. El Meseni es la última esperanza para que un diálogo sincero, transparente y con compromisos verificables inmediatos frene este absurdo baño de sangre. De no ser así las graves consecuencias son inciertas.
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