No abandonemos al trabajador doméstico

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Dentro de los grupos más afectados por la pandemia y las cuarentenas que aún continúan se encuentra el de las trabajadoras domésticas. Aunque en los últimos años, gracias al trabajo juicioso de su sindicato, se han obtenido avances legislativos y judiciales que favorecen la protección de sus derechos laborales y la formalización de una labor que ha sido menospreciada y maltratada, todavía queda mucho camino por andar. La crisis económica de los hogares colombianos ha sido nefasta para las personas que ejercen el trabajo doméstico y las ayudas del Gobierno no han llegado a ellas.

En entrevista con RCN Radio, María Elena Luna, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Santander, dijo que “a muchas mujeres las han mandado a las casas, a otras las han despedido y a la mayoría no las han vuelto a llamar. Ellas los llaman y dicen que no tienen cómo pagarles el salario, que ellos también están desempleados”. Aunque no hay cifras consolidadas, en parte porque muchas trabajadoras domésticas siguen en la informalidad, los testimonios anecdóticos y de las expertas invitan a pensar que la crisis ha llevado a despidos masivos, o a la suspensión indefinida de los contratos de trabajo.

El problema es bien conocido. De por sí, las personas que ejercen el trabajo doméstico suelen contar con escasos recursos y no tienen una red de asistencia social. Sus lazos laborales son tenues con sus empleadores, los cuales, enfrentados a una reducción en sus ingresos, no dudan en cortar los contratos con las trabajadoras domésticas y, en muchos casos, no les reconocen sus derechos adquiridos. Pese a que ya existe el andamiaje normativo para llevar esos casos a la justicia, los costos, en tiempo y recursos, siguen siendo prohibitivos, por lo que muchas mujeres quedan desamparadas.

Estamos hablando, sí, abrumadoramente de mujeres. Según cifras del DANE, en el país hay más de 687.000 personas dedicadas al trabajo doméstico. De esas, el 95 % son mujeres. En esa población abundan las madres cabezas de hogar y un 11,7 % son mayores de 60 años. Ese último dato es particularmente importante: debido a su edad, se trata de personas consideradas por el Gobierno como “población en riesgo”. Entonces, han sido sujetas a cuarentenas más estrictas, sin posibilidad de ir a trabajar, y se han enfrentado a los prejuicios de sus empleadores. Adicionalmente, por la desprotección histórica, no tienen acceso a una pensión. Cabe la pregunta: ¿cómo, entonces, van a sobrevivir estas personas?

Es aquí donde se conectan la desigualdad social de siempre con los daños agravados por la pandemia. Trabajadoras mal remuneradas, poco protegidas y sin apoyos estatales tienen ahora que enfrentarse al hecho de no poder ir a sus lugares de trabajo. La angustia que muchas han expresado es entendible.

Esta semana se celebró el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Sirvió como recordatorio de todo lo que nos falta para garantizar un trabajo justo y digno. No las dejemos solas.

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