No hacer caso a los semáforos trae problemas

El Espectador
19 de septiembre de 2018 - 00:00 a. m.
Es necesario preguntarse por qué la respuesta del Distrito a todos los reparos formulados en esta licitación ha sido seguir adelante sin mirar atrás. / Foto: Mauricio Alvarado
Es necesario preguntarse por qué la respuesta del Distrito a todos los reparos formulados en esta licitación ha sido seguir adelante sin mirar atrás. / Foto: Mauricio Alvarado
Foto: MAURICIO ALVARADO

Las ambiciones de la Alcaldía de Bogotá se siguen estrellando con las consecuencias de hacer caso omiso a las advertencias de la ciudadanía y los entes de control. Lo ocurrido con la contratación para modernizar los semáforos de la capital del país es un hecho insólito, pero que pudo haberse evitado.

El Distrito tiene $173.000 millones para modernizar los semáforos de la ciudad. Sin embargo, desde que se abrió la licitación, hemos presenciado una historia de escándalos y obstáculos que han sido atendidos con displicencia por la Alcaldía.

Cuando se abrió la licitación, la Procuraduría hizo advertencias y solicitó explicaciones, e incluso la revocación del proceso, por considerar que había “inconsistencias y anomalías”. Sin embargo, se adjudicó el contrato al consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por Sutec y Siemens.

Durante el proceso de adjudicación, y posteriormente, abundaron las críticas al consorcio ganador, en particular porque Sutec apareció en los Panama Papers y ha tenido problemas de solvencia. Para esta licitación, como lo denunció El Espectador, presentó estados financieros falsos, por lo cual se presentó una solicitud de nulidad. La empresa luego aclararía que enfrentó un proceso de fraude interno, lo que supuestamente justificaba las inconsistencias en los papeles presentados en Colombia. No obstante, son muchas las preguntas sobre los documentos presentados.

Aun así, la Alcaldía continuó. El pasado 31 de agosto, el Distrito anunció que había firmado el acta de inicio de obra, pues ya tenía el visto bueno de la Procuraduría y era imperativo iniciar la ejecución del contrato.

Pero faltaba una sorpresa más. En una comunicación enviada a la Alcaldía, la Procuraduría dijo que el oficio citado como su autorización era falso. “Es mi deber informarle que el documento citado en su comunicación no fue emitido por esta entidad y su contenido no corresponde a la verdad”, decía la carta. En otras palabras, se inició la obra partiendo de una falsedad.

¿Cómo es esto posible? ¿De dónde salió la comunicación falsa? ¿Quién estaba interesado en acelerar la ejecución del contrato, pese a las irregularidades denunciadas? ¿Cuáles son las responsabilidades políticas que deben surgir por estos hechos?

El resultado es que, muy probablemente, el contrato no pueda ejecutarse y se siga posponiendo.

Aunque la mala fe de quien presentó el documento falso no puede imputarse a la Alcaldía, sí es necesario preguntarse por qué la respuesta del Distrito a todos los reparos formulados ha sido seguir adelante sin mirar atrás.

Con este tema y con tantos otros (como la compra de los buses para la flota de Transmilenio o la implantación de tabletas a los taxis), la administración de Enrique Peñalosa se ha caracterizado por cerrarle la puerta a todo aquel que exprese críticas, así sean constructivas. Ver enemigos en todas partes no ha permitido que el alcalde construya alianzas con personas que sólo quieren lo mejor para la ciudad. Y lo malo es que los resultados de esa tozudez son palpables.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

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Por El Espectador

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