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Los cierres durante tres días de algunos supermercados de cadena en Bogotá suscitaron un debate injusto en redes sociales. Como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es la responsable de esas sanciones, que sorprendieron a los ciudadanos por tratarse de marcas reconocidas en centros comerciales con alto flujo de clientes, se ha señalado a la entidad de estar realizando una cacería contra las empresas legales. Hemos leído innumerables teorías conspirativas y todas apuntan a una misma idea falaz: que el Gobierno de Gustavo Petro, por ser de izquierda, está en contra del empresariado. La realidad es muy distinta y mucho más importante para el país, pues lo que se está buscando es que se implemente efectivamente la facturación electrónica. Si se logra —y debe lograrse—, será una de las herramientas más poderosas para luchar contra la evasión y elusión de impuestos y mejorar las finanzas del Estado, sin importar la ideología de quien ocupe la Casa de Nariño.
Es entendible el choque que producen los cierres. Como se trata de marcas de supermercados que son reconocidas en Colombia por sus buenas prácticas, la cantidad de empleos que generan y los aportes que le hacen a la economía nacional, es extraño ver que un día amanecen selladas por la DIAN. Sin embargo, las razones detrás de las sanciones son válidas, pues no se están creando de manera correcta las facturas electrónicas, ya sea por omisiones o por exceso de requisitos. Si alguien no cumple con las normativas fiscales, ¿no debería acaso responder ante las autoridades sin importar qué tan grande sea su empresa?
No es un asunto de estigmatización, tampoco, como se ha querido promover en redes sociales. Las grandes marcas sancionadas se llevan los reflectores de las noticias por su reconocimiento, pero la DIAN no las está persiguiendo ni se trata de una cruzada política en su contra. Como explicó Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, en 2023 la entidad “emitió sanciones de cierre a 355 establecimientos, incluyendo 25 en San Andresitos de la 38 y S. José (Bogotá) y 61 en el Hueco y otras partes de Medellín”. Esto, además, se hizo en medio de un debido proceso, que, como explicó el director, “incluye visita de control, pliego de cargos, análisis y descargos, resolución y sanción, y recurso de fallo antes de proceder a la sanción de cierre por irregularidades en la facturación electrónica”. Si todo está normado y se han llevado a cabo los procesos adecuados, ¿por qué buscar conspiraciones cuando las razones del actuar de las autoridades están clarísimas?
Ahora, es cierto que el aterrizaje de la facturación electrónica ha sido complicado tanto para las empresas como para los consumidores. Hay reclamos sobre la dificultad de la implementación y los retos tecnológicos que implica, por lo que debe fomentarse un diálogo abierto entre la DIAN y todos los interesados. Esas conversaciones tienen que ocurrir, pero eso no implica que podamos darle más vueltas a una medida muy importante para el país. Si toda la economía empieza a facturar de manera electrónica, será más fácil rastrear las ventas e identificar los espacios de evasión. Esto le da una herramienta esencial al Estado para tener más recursos que luego son invertidos en el bienestar de todos los colombianos y de las mismas empresas que tributan. No estamos ante una persecución, sino ante la búsqueda de un sistema fiscal justo.
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