No perdamos más el tiempo con el glifosato

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Sigue el debate sobre el uso del glifosato. Bayer, que compró a Monsanto hace un par de años, acaba de acordar pagar US$10.900 millones a cambio de saldar cerca de 125.000 demandas en su contra. Los demandantes argumentan que contrajeron cáncer y problemas de salud por culpa del uso del herbicida Roundup, cuyo componente esencial es el glifosato. La multinacional ha sido señalada de no estudiar de manera suficiente los posibles nexos entre la utilización de su producto y los efectos perversos en la salud de las personas. Aunque niega cualquier problema, la atención se vuelve a posar sobre el interés del gobierno de Iván Duque de reanudar las aspersiones con glifosato en la lucha contra las drogas.

Bayer dice que está dispuesta a pagar esa suma, no porque acepte responsabilidad, sino porque los tribunales y sus posibles sentencias adversas han creado incertidumbre para los prospectos económicos de la empresa. Por eso, entre US$8.800 y US$9.600 millones se destinarán a resolver el litigio de 125.000 demandas y US$1.250 millones para litigios futuros. Según la DW, que dio a conocer el acuerdo, hay unos 30.000 casos sin resolver. Esto, en el contexto de un precedente que puso ansiosos a los inversionistas de Bayer: en mayo del año pasado, un juez de California los condenó a pagar US$2.000 millones a una pareja enferma de un cáncer del que culpaban al Roundup.

La discusión es compleja y tiene varias aristas. Por un lado, la ciencia todavía no ha sido concluyente sobre los posibles efectos del herbicida, pero hay suficientes motivos para que existan dudas. Por otro, aunque Bayer diga que llega a un acuerdo en esas demandas para evitar procesos largos, queda el sinsabor de que las demás posibles víctimas mundiales no van a saber, gracias al espacio judicial, si tienen derecho a algún tipo de reparación. En últimas, el pago termina siendo para quienes tuvieron los recursos para realizar las demandas.

Más allá de los líos judiciales de Bayer, el debate en Colombia vuelve a concentrarse en la lucha contra las drogas. Hace poco el presidente Iván Duque celebraba la reducción en el número de hectáreas de hoja de coca cultivadas. Sin embargo, también se informó sobre un aumento en la producción de cocaína. Es decir, los procesos del narcotráfico se están volviendo más eficaces. Eso no es un síntoma de una batalla que estemos ganando.

Creer que el glifosato va a ser la solución mágica para frenar el incremento del tráfico ilícito de drogas, que está financiando la violencia en el país, es seguir apostándole a una estrategia fallida. Debemos insistir: las aspersiones atacan a las poblaciones, rompen los lazos del Estado con sus comunidades más necesitadas, no les hacen mella suficiente a los narcotraficantes y el país seguirá asfixiado por la coca. A eso hay que sumarle que el éxito del Acuerdo de Paz y de todos los procesos futuros de desmovilización tienen que pasar por la reconstrucción del tejido social en las zonas cocaleras, algo que no ha sido posible debido a la tensión constante entre el Gobierno y los proyectos de sustitución voluntaria.

Entonces, que esta noticia sea la oportunidad de revaluar nuestra estrategia contra las drogas. Estamos en mora de soluciones que no afecten tanto a las comunidades.

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