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Al anunciar la expedición de un decreto que permite y regula la aspersión con glifosato, el ministro de Defensa, Diego Molano, dio una declaración interesante: “Aquí los únicos preocupados por la aspersión aérea con precisión contra la coca”, dijo el funcionario, “deben ser los delincuentes que se lucran de este negocio criminal y quieren someter a nuestra población campesina a una nueva esclavitud”. Allí, nos parece, se resumen las promesas del Gobierno Nacional con esta nueva ola de fumigaciones y, a la vez, se oculta que hay numerosas voces en los territorios que vienen suplicando un cambio de estrategia. La lucha contra el narcotráfico, pese a las lecciones del pasado, seguirá en medio de profundas contradicciones.
La discusión iniciada por la prohibición de la Corte Constitucional al uso del glifosato estuvo polarizada desde el principio. En la audiencia pública realizada cuando el ministro de Defensa era Guillermo Botero, quedó claro que la intención de la actual administración era retomar las fumigaciones a como diese lugar. Apoyados en expertos de la Fuerza Pública, su posición ha sido clara e inamovible: no hay razones para temer, la tecnología moderna permite reducir los daños colaterales y además se trata de una herramienta necesaria en la lucha contra el narcotráfico. Si no hemos vuelto a fumigar, en síntesis, es porque el Gobierno ha tenido que surtir un montón de obstáculos burocráticos. Pero cada vez estamos más cerca.
En contraste están las organizaciones civiles y grupos expertos, así como los referentes en otros países. Cada una de las certezas del Gobierno ha sido cuestionada: sí hay razones para temer por los efectos colaterales, dicen las fuentes expertas; la tecnología no es suficiente para garantizar el buen uso del glifosato, y como herramienta para combatir el narcotráfico es ineficiente, pues los cultivos terminan reapareciendo en otros lados en un eterno juego del gato persiguiendo al ratón. Además, las poblaciones cocaleras, que llevan años y años exigiendo representación y genuinas alternativas de subsistencia, siguen siendo enemistadas por la insistencia del Gobierno en fumigar.
Por eso nos pareció tan llamativa la declaración del ministro Molano. Su lógica es clara: si usted no es delincuente, no debe preocuparse pues el Gobierno garantizará que solo se ataquen los cultivos de uso ilícito. El problema es que esa visión en blanco y negro, tan típica de la manera de pensar del Ministerio de Defensa, no responde a la realidad. En el medio están los cocaleros y las comunidades que quedan entre el Estado que fumiga y los narcotraficantes que los presionan. Tangencialmente están la pobreza y la falta de otras opciones para sobrevivir. Son esas comunidades las que siguen preocupándose por los efectos que tiene reanudar las aspersiones.
Es, en todo caso, frustrante que Colombia siga dando los mismos debates durante dos décadas e intentando las mismas soluciones ineficientes. Ya hemos hablado de cómo somos expertos en insistir en lo inútil. Mientras tanto, el narcotráfico sigue su marcha, las comunidades se sienten abandonadas, el Estado gasta un montón de recursos en medidas infructuosas, se lava las manos con ellas presentándolas como la solución mágica para los problemas territoriales y la conversación nacional se mantiene congelada en el tiempo.
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