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Durante todo este mes, hemos visto el espacio público en muchos lugares del país adornado con los colores del arcoíris. Desde tiendas y restaurantes hasta la Casa de Nariño o nuestro propio cabezote, cada año se hace más grande la celebración del orgullo LGBTIQ+, que culmina hoy con multitudinarias marchas llenas de arte, música y brillo. La diversidad debe celebrarse, tanto más en cuanto, como en los tiempos presentes, persisten los esfuerzos por debilitarla o incluso eliminarla. En este mismo espacio hemos denunciado el asesinato de personas trans y el archivo del proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas ‘terapias de conversión’, esfuerzos para cambiar la orientación sexual o identidad de género mediante torturas.
Si salen hoy a las calles, probablemente verán travestis, personas trans, parejas homosexuales y personas solidarias haciendo de su amor y su existencia un símbolo de resistencia. Sin embargo, en medio de la euforia, es fácil olvidar que estas movilizaciones son el resultado de batallas recientes y vigentes por los derechos. Mientras que la homosexualidad es penalizada en 62 países del mundo, en 39 es legal el matrimonio igualitario. La homofobia, bifobia, transfobia y la discriminación en todas sus formas están lejos de ser erradicadas. Y afectan, especialmente, a las personas de minorías étnicas y bajos recursos, y se manifiestan no solo en los crímenes de odio y en las barreras para acceder a derechos fundamentales, sino en los miedos de quienes temen tomarse de la mano en público, en comentarios como “no pareces gay”, en quienes llaman como “él” a las mujeres trans y en muchas otras violencias que hemos naturalizado.
Una investigación de la agencia Baudó, publicada esta semana, revela un dato abrumador: en la última década, se denunciaron más de once mil hechos violentos contra la población LGBTIQ+ en Colombia. Esto implica, en promedio, que “se cometieron actos violentos y de discriminación en algún lugar del país tres veces al día, todos los días, durante diez años”. Preocupa, aunque no sorprende, el subregistro de casos por parte de las autoridades estatales.
La Casa de Nariño, una vez más, izó las banderas de la diversidad en su fachada. Basta con ver las reacciones homofóbicas en redes sociales de quienes afirman que el gesto atenta contra las tradiciones para entender por qué es valioso hacerlo. No obstante, en su compromiso con la defensa de los derechos LGBTIQ+, el Gobierno Nacional ha avanzado poco más allá de lo simbólico. El plan de desarrollo es el primero en incluir una agenda específica para población diversa, pero ocho meses después del anuncio del Viceministerio de Diversidades en el Ministerio de la Igualdad, no hay un viceministro posesionado y la dirección de asuntos LGBTIQ+ apenas está armando sus equipos. Además, ha costado la coordinación con autoridades territoriales, pues esa cartera ha tenido funciones duplicadas con el Ministerio del Interior. En otras palabras, la implementación de política pública ha quedado rezagada ante la creación de nueva burocracia. El Decreto 714, emitido el 5 de junio, delimitó las tareas, pero esto ocurre después de que la Corte Constitucional anulara la creación del Ministerio de la Igualdad. ¿Tendrán doliente los temas LGBTIQ+ si esa cartera deja de existir?
El reclamo por los símbolos que no conllevan acciones no solo va dirigido al Gobierno. Si asisten a la marcha del orgullo LGBTIQ+, probablemente verán empresas haciendo presencia. Aunque la visibilidad es importante, desconcierta cuando estas marcas no van más allá de la publicidad o son solo fachadas que ocultan prácticas internas o apoyo a políticos homofóbicos. Este reclamo, por cierto, ha motivado en Bogotá a colectividades de personas trans, una población marginada incluso dentro del movimiento LGBT, a convocar una contramarcha, que va desde el Centro de Memoria a la Fiscalía.
La visibilidad es importante, pero sin acciones concretas que la respalden se corre el riesgo de trivializar las verdaderas demandas del movimiento LGBTIQ+.
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