Paraguay: cuando el capitalismo salvaje coopta al Estado

Ueno Bank comenzó como una pequeña entidad financiera especializada en tecnología, pero pasó a ser el principal banco de Paraguay en menos de tres años: para septiembre de 2026, afirmaba tener tres millones de clientes –más de la mitad de la población adulta del país– y se depositaron en sus arcas más de US$850 millones de fondos públicos. Hasta 2025, Santiago Peña fue accionista del holding propietario de Ueno. Cuando llegó a la presidencia de su país en agosto de 2023, nombró presidente del Banco Central de Paraguay (BCP) a Carlos Carvallo Spalding, quien venía de ser la cabeza de la financiera Ueno. Tres meses después, el BCP aprobó que Ueno pasara a ser banco.

Pero el pasado martes 3 de noviembre, el BCP cerró la entidad, sus cajeros y tarjetas dejaron de funcionar, y los ahorros de los clientes quedaron congelados. El BCP había detectado que Ueno Bank estaba sin plata: su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo requerido. De acuerdo con un informe de junio de la Superintendencia Financiera paraguaya, Ueno Bank prestaba dinero en cantidades superiores al límite legal a empresas relacionadas con sus dueños, sin garantías suficientes para casos de impago. Y, en lugar de usar los fondos para los fines declarados, estas empresas los transferían a otras compañías del mismo grupo empresarial, que los utilizaban para pagar sus deudas y otros gastos. Cuando llegaba el momento de devolver los préstamos al banco, las otras compañías del grupo económico les enviaban dinero a las empresas que habían recibido los créditos para que pudieran pagar. Así, el dinero circulaba entre las mismas empresas y daba la impresión de que los préstamos se estaban pagando normalmente, aunque las compañías endeudadas no generaban ingresos suficientes para hacerlo por sí mismas. El presidente Peña en varias oportunidades desestimó la seriedad de estos señalamientos, acusó de mentirosa a la prensa que lo cuestionaba y defendió al banco.

Tras el escandaloso cierre del banco, Peña presentó renuncia, pero el Congreso la rechazó de forma unánime. Era una jugada de escape: de habérsele concedido, hubiera obtenido un escaño vitalicio en el legislativo que le habría dado inmunidad frente a la investigación de la Fiscalía. A hoy, este contubernio ha resultado en la destitución y orden de detención de Peña, la renuncia de Carlos Carvallo, 27 personas más imputadas –de las cuales ocho integraban la cúpula directiva de Ueno y fueron también detenidas–, protestas en las calles de Asunción, el congelamiento de recursos de empresas estatales, de obras públicas, de las pensiones de unos 32.000 jubilados que las recibían a través de esa entidad y hasta el sueldo de la selección paraguaya de fútbol. El Banco Central, entre tanto, intenta devolver a la ciudadanía parte de su dinero.

Desde un inicio, el potencial conflicto de intereses entre el gobierno paraguayo y la banca privada era más que evidente. Sin embargo, se justificó bajo el ya manido discurso de que el Estado debe disminuir su burocracia y que el sector privado es más eficiente para manejar plata. Algunos defensores del libre mercado critican que el Estado intervenga demasiado en la economía, pero sin organismos de control independientes y con recursos públicos en función de negocios empresariales, lo público termina cooptado en función de intereses privados y son los ciudadanos quienes pagan las pérdidas.

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