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La violencia se sigue recrudeciendo en Colombia. Este fin de semana no fue la excepción, con noticias sobre atentados, uniformados muertos y poblaciones confinadas. También surgió la esperanza de rescatar los diálogos de paz con las disidencias de alias Calarcá, pero la situación en el resto del país muestra que la ofensiva del Gobierno nacional sigue estando en deuda de mostrar resultados concretos. Los colombianos en las zonas más vulnerables están bajo asedio y, pese a los enormes esfuerzos, las autoridades siguen estando contra las cuerdas.
Presenciamos una seguidilla de malas noticias. El sábado pasado, detonaron una motobomba contra la estación de Policía en Caloto, Cauca, a pocos metros de la vivienda del director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule. Dos policías quedaron heridos. Ese mismo día, gracias a un ataque en la vía que conduce de Río de Oro a Aguachica, Cesar, fue asesinado el suboficial Esnéider Romero Barragán. Luego, el domingo, el Clan del Golfo atacó a soldados que realizaban labores de seguridad en Frontino, Antioquia. En ese acto de agresión fue asesinado el soldado Alejandro José Bejarano González y otro de sus compañeros quedó herido. Esto se suma a que, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), del 15 al 26 de abril de 2025, al menos 18 policías y cuatro soldados fueron asesinados. La cifra ha seguido subiendo.
Las malas noticias no terminan ahí. El ELN también anunció un paro armado de 72 horas en el Chocó, en la zona del río Baudó y sus afluentes. Según la Defensoría del Pueblo, cerca de 32.000 personas se vieron afectadas. “Sus derechos fundamentales a la salud, educación, trabajo y alimentación, entre otros, estarán en riesgo de ser vulnerados por la flagrante violación del derecho constitucional a la libre locomoción”, dijo la entidad. Esto en el marco de un departamento que lleva un buen tiempo pidiendo a gritos más presencia estatal y ha sido víctima de enfrentamientos entre el Clan y el ELN, extorsiones, quema de buses y ataques contra la fuerza pública.
Cada una de esas tragedias ha sido atendida por la fuerza pública que, en medio de la ofensiva que formuló el Ministerio de Defensa, está buscando hacer presencia contundente en las zonas de conflicto. Se debe reconocer el trabajo valiente de nuestros uniformados, que están dando su vida y haciendo lo posible por recuperar la seguridad. Sin embargo, es testimonio de la gravedad y la degradación de la situación el hecho de que el Gobierno sigue sin poder cumplir sus promesas.
En ese marco, y después del asesinato de siete soldados la semana pasada, el Gobierno y la disidencia de Calarcá anunciaron un acuerdo de reagrupamiento. “Comienza la paz del Catatumbo”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X. Con el ELN en la actitud que continúa, puede tratarse de otra promesa demasiado grande, pero en todo caso es de celebrar que uno de los procesos pueda terminar en el desarme de un grupo con gran capacidad de hacerle daño a la población. La pregunta ha sido y seguirá siendo si la paz total, en su baño de realidad, podrá ir acompañada de una estrategia de seguridad que recupere el camino perdido. El país y su fuerza pública necesitan una respuesta afirmativa.
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