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A 100 días de los comicios en Estados Unidos, el presidente Donald Trump está empeñado en agudizar la polarización para obtener réditos electorales. El envío de agentes federales a Portland para reprimir protestas, en su mayoría pacíficas, busca posicionarlo como el candidato de la ley y el orden, como él mismo lo pregona ante las recientes manifestaciones antirracistas. Este peligroso juego, en manos de quien suele utilizar todos los medios a su alcance para asegurar sus fines, genera preocupación en Estados Unidos.
El martes pasado, ante la Cámara de Representantes, congresistas demócratas señalaron al presidente y a su controvertido fiscal general, William Barr, de adelantar una estrategia peligrosa con miras a las elecciones de noviembre ante su caída en las encuestas, que le dan una cómoda ventaja a Joe Biden, debido al desacertado manejo de la pandemia. El presidente del Comité Judicial de la Cámara, el demócrata Jerry Nadler, le dijo a Barr que “el presidente quiere algo para su campaña y usted se lo sirve. En muchas de estas ciudades las protestas estaban disminuyendo antes de que actuaran. Ustedes proyectan miedo y violencia para lograr obvios objetivos políticos. Debería darle vergüenza”.
No le falta razón. El presidente usó su cuenta de Twitter para magnificar los hechos aislados de violencia en Portland, en medio de recientes protestas antirracistas. Acusó al alcalde y a otros alcaldes y gobernadores demócratas de ser “incapaces” de enfrentar el anarquismo y la delincuencia, pidió mano dura y se presentó como el candidato de la ley y el orden. El envío de fuerzas de seguridad federales, sin concertar ni coordinar con autoridades locales ni estatales, genera un peligroso precedente para el país del norte. En especial, si las mismas dependen del fiscal general, nombrado por el presidente. La separación de poderes es un pilar de la democracia representativa. El uso de uno de estos poderes con fines electorales deja un manto de dudas que debe ser aclarado. Según el alcalde de Portland, Ted Wheeler, los agentes federales llevaron a cabo detenciones arbitrarias, subiendo a los detenidos a carros sin identificación, actuando como una “fuerza de ocupación”. En vez de calmar las protestas, han encendido de nuevo la calle.
Jay Inslee, gobernador demócrata del estado de Washington, dijo que había recibido mensajes confusos del gobierno federal y luego habían llegado agentes federales a Seattle, la capital. En dicha ciudad, el pasado fin de semana, hubo enfrentamientos violentos que dejaron 45 detenidos y 21 agentes heridos. Sin embargo, la propia policía aclaró que se trataba de pocas personas que se habían separado de un grupo más grande de manifestantes pacíficos. Lo anterior a pesar de que Inslee solicitara a quienes protestaban que no cayeran en el juego de Trump y actuaran pacíficamente.
Si lo que está sucediendo obedece a un plan diseñado para posicionar la mano dura del presidente frente a mandatarios regionales y locales “débiles”, desviando el foco de atención de los graves efectos de la pandemia, todo parecería indicar que le está dando resultado. El fiscal general Barr dijo en el Capitolio que el problema real que afronta el país, y que generó el envío de agentes federales, se debe a los “alborotadores violentos” y los “anarquistas” que provocan “caos y destrucción”. No mencionó que la mayoría de las manifestaciones son pacíficas. En ciudades como Denver, Richmond, Nueva York o Los Ángeles ya hay nuevas movilizaciones, mientras Trump anunció el envío de más agentes federales.
Jenny Durkan, alcaldesa demócrata de Seattle, dijo que preocupa que “el presidente despliegue fuerzas paramilitares en las ciudades estadounidenses. Este desprecio descarado por la Constitución y la seguridad (…) es despotismo de libro”. Es inaceptable el irrespeto a las normas en pos de los intereses particulares en esta campaña.
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