La Procuraduría y la Fiscalía no pueden convertirse en espacios para la participación política de oficio. Esta semana, los micrófonos de los medios de comunicación estuvieron saturados por declaraciones de la procuradora general, Margarita Cabello, y del fiscal general, Francisco Barbosa, quienes adoptaron tonos más cercanos a la política que al desempeño de sus cargos. Pueden, por supuesto, comentar los proyectos de ley y alzar la voz si consideran que hay problemas institucionales para denunciar; pero lo que estamos viendo parece un ejercicio de oposición política más que de sus funciones. Preocupa que los entes de control crucen la línea de los pesos y contrapesos constitucionales de esa manera.
Se volvió costumbre que fiscal y procuradora sean los nuevos analistas políticos. El director del ente investigador parece sentirse cómodo acaparando los reflectores y planteándose como oposición al gobierno de Gustavo Petro. Lo vimos en sus comentarios al Plan Nacional de Desarrollo y en sus constantes críticas a los procesos de paz. No solo en fondo, sino en forma, el fiscal Barbosa parece estar dando discursos políticos de tono populista. Para la muestra un botón: “Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, el cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento. ¿Qué pensarían Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra con esta ley de sometimiento? Están ensuciando la dignidad de este país”. ¿Debe la Fiscalía ayudar e intervenir en la formulación y análisis de una ley de sometimiento? Por supuesto. ¿Está facultado el fiscal para hacer juicios de valor tan crudos y difundirlos sin mesura en el debate público? Eso es más cuestionable.
Lo propio hizo la procuradora. Es difícil comprender por qué la directora del Ministerio Público se presentó a sí misma como la vocera de los gremios para criticar la reforma laboral. De nuevo, las formas son importantes: “Pareciera más un pliego de peticiones sindicales que una reforma laboral que beneficie a la totalidad de los trabajadores informales y los empleados de nuestro país”, dijo sobre el proyecto de ley. Al presentar sus reparos al Plan Nacional de Desarrollo, los canales institucionales reprodujeron su discurso en el que habla de “dos perlas”. Lenguaje que uno espera de la oposición en el Congreso, mas no de la procuradora general de la nación.
No se trata de amordazar a los entes de control, pero tanto la procuradora Cabello como el fiscal Barbosa parecen haber visto en la Presidencia de Gustavo Petro una oportunidad de figuración política. Esa no es su función. Su rol de vigilancia debe ir acompañado de una coordinación con el Estado; sus críticas a los proyectos de ley deben ser dentro del marco constitucional. Por el bienestar del país, además, que necesita instituciones respetuosas de los pesos y contrapesos. Cuando muestran politización, la legitimidad de entidades tan importantes como la Fiscalía y la Procuraduría comienza a tambalear.
Los procesos históricos que está viviendo el país y las tensiones políticas que de ellos se desprenden exigen de las instituciones un comportamiento ejemplar para resguardar la democracia. En el caso del Congreso, eso implica una oposición política responsable. En el de los entes de control, exige mesura en sus intervenciones públicas y cumplimiento de sus roles.
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