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Cúcuta y Norte de Santander piden a gritos la atención nacional. A la ola de violencia, atentados, denuncias de corrupción y el riesgo de que un condenado por homicidio ponga alcalde y gobernador, se suma ahora la terrible amenaza contra Estefanía Colmenares Hernández, directora del periódico La Opinión. El medio, que tiene una larga historia de periodismo crítico en la región y que viene publicando investigaciones sobre la influencia de la corrupción y la violencia en las elecciones en curso, está en el ojo de los múltiples actores armados de la zona. No podemos permitir que la amenaza lleve a la censura.
El miércoles, Colmenares recibió un mensaje en su WhatsApp privado. En él, según reportó La Opinión, le decían que “es objetivo militar y que a partir de la fecha su cabeza tiene precio”. No es casualidad. El mismo periódico cuenta que en las últimas semanas “ha hecho seguimiento a las denuncias que se han conocido sobre las irregularidades que rodean la hospitalización del condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo, quien estaría coordinando dos campañas políticas desde el piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM)”. Después de la presión mediática, Suárez Corzo, quien está pagando una condena de 27 años de cárcel y ha sido denunciado por lazos con el paramilitarismo de la región, fue trasladado el viernes a un hospital en Bogotá. Sin embargo, el actuar de las autoridades se tardó demasiado.
Esta es la cruda realidad tras la amenaza: Cúcuta y Norte de Santander llevan décadas secuestrados por los grupos al margen de la ley, por la unión entre paramilitarismo y entidades locales, y por la corrupción generalizada e influenciada por el contrabando y el narcotráfico. A esto se le suma una crisis económica que ubica a la región siempre en el top de los peores indicadores. Para la muestra, un botón: en la última cifra de inflación, conocida ayer viernes, Cúcuta es la ciudad a la que peor le va en el país.
Todo esto ha ocurrido por la complicidad de fuerzas políticas locales y nacionales. En el intercambio de votos se abandonó la búsqueda del bienestar del territorio, la fortaleza de su democracia y de sus instituciones. Eso dejó a la sociedad civil asfixiada, intentando construir ciudad y departamento a pesar de tanta dificultad. Por eso La Opinión se convierte en una figura incómoda. Allí donde hay negocios en las sombras, donde la impunidad es la norma, un periodismo que investigue, que se atreva a cuestionar, es el mayor obstáculo.
Explicando la decisión de divulgar las amenazas, Colmenares escribió: “Consideramos importante hacerlas públicas como un mecanismo de rechazo y de reiterar nuestro compromiso con el periodismo, con la verdad y con las investigaciones que puedan combatir la corrupción”. Es necesario que el país rodee a La Opinión, a Colmenares y a todos los periodistas que siguen trabajando en regiones plagadas por la violencia. Cuando la democracia colombiana está en disputa, la respuesta institucional debe ser vehemente.
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