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Durante los últimos cuatro años, Colombia ha sido el país más letal para los defensores ambientales. Una vez más, Global Witness, que rastrea los asesinatos, presiones y persecuciones a quienes buscan cuidar el planeta, nos otorga la terrible corona. Lo hace, además, confirmando que el fracaso del Estado colombiano ha sido constante sin importar quién esté en la Casa de Nariño. Fallaron los gobiernos de derecha que estuvieron en el poder hasta el 2022 y falló el gobierno de izquierda que llegó, en parte, bajo la promesa de reducir dicha masacre.
Se nos volvió triste tradición dedicar un espacio en el editorial de El Espectador para contar muertos. El año pasado, hubo 124 homicidios de defensores ambientales en todo el mundo y, de esos, 39 ocurrieron en nuestro país. Es decir, uno de cada tres asesinatos fue en territorio que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales prometieron proteger. El problema no es nuevo. El programa Somos Defensores documentó, entre 2002 y 2024, más de 1.700 casos de líderes y defensores asesinados. Según la organización, la Fiscalía confesó que solo entre el 12 % y el 13 % de esos hechos denunciados en estas dos décadas han sido esclarecidos. Los están matando, los siguen matando, y no sabemos quiénes ni por qué. ¿Quién responde?
Sabemos que es una pregunta retórica, porque cuando la falla es sistemática y los motivos tan difusos, la responsabilidad política se diluye. Eso es lo que no puede seguir pasando. Por eso, además de seguir contando las tragedias, tanto Global Witness como Somos Defensores y múltiples organizaciones concentradas en la protección del medio ambiente han pedido que nos concentremos en lo que sí funciona. Sabemos que los lazos comunitarios sumados a una institucionalidad presente y eficaz son la mejor respuesta a tanto dolor. También está sobrediagnosticado que la minería ilegal, que hoy por hoy rivaliza con el narcotráfico en términos de rentabilidad para los grupos criminales, opera gracias a un Estado ausente que mira hacia otro lado o se excusa en la falta de recursos para intervenir. Hemos dejado a nuestras poblaciones a merced de los criminales y, cuando alguien alza la mano y la voz, no los protegemos ni garantizamos que esa persona pueda seguir apostándole a construir un mejor país.
Justo ayer, el presidente De la Espriella se reunió con distintas comunidades indígenas y reconoció, en sus palabras, “el mandato constitucional de proteger nuestra diversidad étnica y garantizo el derecho a la consulta previa, con reglas claras que eviten que este mecanismo sea distorsionado por intermediarios”. Le tomamos la palabra y lo invitamos a que vaya mucho más allá: el problema no es solo de proyectos productivos y de consulta previa, sino de escuchar las necesidades de las comunidades que están al filo del cañón y que han insistido en que más fuerza pública no es sinónimo de protección. No en vano, en el informe de Global Witness el 36 % de las personas asesinadas eran indígenas y el 40 % eran campesinos. Presidente, ahí tiene sus aliados naturales y su oportunidad de dejar huella en la historia del país. Abra la puerta a los diálogos y a reconocer lo que ya se ha avanzado, que es bastante.
Por ejemplo, Colombia tiene sobre la mesa todo lo que necesita para implementar el Acuerdo de Escazú. Sabemos que las herencias del Gobierno pasado son mal vistas en el actual, pero se puede construir sobre lo construido. Tenemos un problema que ningún gobierno ha sido capaz de solucionar: es tiempo de unir esfuerzos. No queremos seguir contando muertos.
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