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El hecho de que los legisladores tengan en su haber 463 viajes al exterior en tan solo 711 días –entre el 20 de julio de 2022 que se posesionaron y el pasado 30 de junio– no necesariamente es una irregularidad. Y mucho menos es un acto ilícito. Es más, esos desplazamientos al extranjero no generaron gastos ni para el erario ni para el presupuesto del Congreso que está, según el Portal Transparencia Económica, en $1,2 billones.
Pero para que El Espectador accediera a esa información –que al desmenuzarla reflejó que los cerca de 500 viajes los hicieron 154 legisladores (58 senadores y 96 representantes)– se tuvo que recurrir a mecanismos legales, que incluyen derechos de petición y solicitudes directas de datos, ya que la misma no se ha hecho pública en ninguno de los canales de difusión que tiene el Capitolio.
Eso se traduce en que la ciudadanía no puede saber, ni en tiempo real ni en diferido, en qué momento los legisladores, que tienen salarios que sobrepasan los $40 millones, piden permiso oficial para ausentarse de las labores para las que fueron elegidos y que, en algunas oportunidades, terminan en misiones en el exterior en medio de debates claves internos, tal cual lo demostró un reciente reportaje publicado por este diario.
Y aquí la clave es la transparencia. Los 463 vuelos que han hecho al exterior aupados en su credencial de legisladores, según certificaron desde el Senado y la Cámara, obedecen en su mayoría a invitaciones de otros gobiernos. De los 154 congresistas que han viajado, 37 lo hicieron a China; es el destino, si se quiere, predilecto.
También hay desplazamientos a Venezuela, Cuba, Honduras, Estados Unidos y otros países, con tareas relacionadas con el funcionamiento del Parlamento Andino, los procesos de paz vigentes o las veedurías electorales que algunos colombianos han hecho en países como la Rusia de Vladimir Putin.
Pero el asunto de fondo está en que si son invitaciones pagas, se pueden generar conflictos de interés a la hora de abordar cualquier tipo de discusión legislativa o de control político que se relacione con quienes financian los viajes o con los Estados mismos que solventan los desplazamientos.
Solo por poner un ejemplo: si en algún momento Bogotá y Pekín negocian un tratado de libre comercio –algo que se ha esbozado, aunque aún no está formalmente en ninguna agenda–, ¿cómo deberían actuar los legisladores a la hora de estudiar la parte legislativa de una iniciativa de ese tamaño, si ya han sido financiados para viajar por una de las partes interesadas?
Ese interrogante surge por lo dicho a este diario por Íngrid Chaves, directora ejecutiva de la Cámara Colombia-China: “Desde el Congreso podemos crear una estrategia como país para que se dé una adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta, con las regulaciones que se tienen en materia de país. También una negociación de un posible futuro TLC que no está en conversaciones, pero puede llegar a pasar”.
Aquí no se trata de generar un aura negativa sobre los viajes al exterior de los congresistas colombianos pagados por terceros, sino de abrir el debate en torno a la necesidad de generar mayor transparencia en un Congreso que, en medio de las polémicas y los escándalos constantes que lo azotan, se ha negado a reformarse. El lío está en qué tanta voluntad tienen los legisladores de mostrar con menos trabas lo que hacen; los más de nueve intentos fallidos en la última década por reformar la Ley 5a. de 1992 –su reglamento interno–, y los al menos seis proyectos fracasados por reducir sus salarios, pueden dar algunas pistas.
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