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De nuevo se están usando los derechos de niños, niñas y adolescentes para fomentar proyectos de ley que terminan siendo lesivos para toda la población, incluyendo aquellos a quienes se busca proteger. El proyecto de Ley 600 de 2021 en la Cámara de Representantes, que introduce mecanismos para proteger a esa población en cuanto al contenido que pueden ver en internet, es una reforma mucho más profunda de lo que aparenta, crea herramientas peligrosas de censura, vulnera la libertad de expresión y no debería ser aprobado. Lo mejor que podría pasar es abrir una verdadera conversación nacional, que involucre a la sociedad civil y a la academia, para que en Colombia no convirtamos en ley una postura anacrónica y problemática.
El proyecto ha sido impulsado por el Ministerio de las TIC y fue presentado por la misma ministra, Karen Abudinen. Su ponente en la Cámara, la representante conservadora Adriana Magaly Matiz Vargas, le dio su apoyo, explicando que “con esta iniciativa se generan unos mecanismos que le permiten al Estado colombiano y a la sociedad ejercer la defensa de los derechos de la niñez, la infancia y la adolescencia, sobre los medios y los proveedores de servicio de internet, (que) no adopten contenidos que pueden ser nocivos”. En la práctica, eso significa que se creará una comisión de expertos, elegida por el Gobierno de turno, que se encargará de decidir qué contenidos son apropiados y cuáles deben ser bloqueados. También se les asigna responsabilidad a los prestadores del servicio de internet y a las plataformas por su uso para difundir contenido prohibido. Todo en nombre de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Estamos de acuerdo en que hay poblaciones que deben ser protegidas, la misma Corte Constitucional lo ha dicho. Sin embargo, no podemos olvidar que esos niños, niñas y adolescentes son libertades en desarrollo, que no pueden ser limitadas de manera arbitraria y sin entender la diferencia entre, digamos, un joven de 17 años y un niño de cinco. Esa falta de diferenciación ya marca un primer problema con el proyecto.
Lo demás tiene que ver con la libertad de expresión y la manera en que se ha promovido la iniciativa. Como lo escribió Carolina Botero Cabrera, directora de la Fundación Karisma, en El Espectador, debería tratarse de una ley estatutaria debido a que está reglamentando derechos fundamentales. Adicionalmente, no ha existido un debate abierto con la academia y la sociedad civil. Decisiones tan importantes no se pueden tomar de manera apresurada.
Internet tiene mucho espacio para mejorar, pero su regulación se debe hacer con delicadeza en un acto de balanceo de derechos. La comisión de expertos suena a censura previa: equiparar a todos los creadores de contenidos como si fuesen un medio de comunicación, como pretende el proyecto, es un error conceptual, y responsabilizar por igual a los prestadores de servicios de internet y a las plataformas del contenido prohibido es abrir la puerta para que huyan de Colombia ante una normativa tan restrictiva. Por un fin loable, estaríamos generando muchos más problemas.
Es preciso repensar el proyecto. El Congreso no debe evadir las críticas de fondo presentadas por las expertas en el tema.
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