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El gobierno del presidente Gustavo Petro se pronunció finalmente sobre la preocupante situación en Venezuela frente a la realización de unas elecciones legítimas que tengan todas las garantías necesarias para sus participantes. Ante las últimas decisiones arbitrarias del régimen de Nicolás Maduro, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo emitió un comunicado en el que llama a respetar los acuerdos alcanzados en Barbados, manifestando su natural preocupación “por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición”. Tiene toda la razón.
Aquí hemos respaldado las decisiones del presidente Petro de mejorar las relaciones con el país vecino, en especial la reapertura de la frontera, el reinicio de la actividad consular, el intercambio comercial y la libre movilidad. Todo esto se ha venido cumpliendo dentro de una agenda que implica cierta complejidad, tras varios años de rompimiento de relaciones diplomáticas. Sin embargo, también hemos advertido que la mejora en el entendimiento bilateral no implique un cheque en blanco ante la reiterada violación de los derechos humanos en Venezuela, que según la OEA y la ONU han traspasado el umbral de los delitos de lesa humanidad. A pesar de que el gobierno Petro ha buscado que el diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición llegue al final esperado de unas elecciones transparentes allí, cada paso que da el gobierno ilegítimo busca su perpetuación a cualquier costo.
La reacción de Colombia se dio, junto a la de Brasil y otros países de la región, luego de que el Consejo Nacional Electoral, apéndice del Poder Ejecutivo, impidiera la inscripción de Corina Yoris como candidata del bloque opositor, Plataforma Unitaria (PU). De esta manera, Nicolás Maduro se está arrogando la facultad de decidir contra cuál candidato se va a enfrentar en los comicios del 28 de julio. La respuesta de la Cancillería venezolana raya una vez más con la grosería: “Empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos”. Hace bien el canciller (e) Murillo en no responder este tipo de ofensas y no caer en un innecesario intercambio de mensajes descalificatorios.
El presidente Gustavo Petro ha hecho pronunciamientos correctos en la defensa de la democracia a escala internacional, como en el caso de Guatemala, para que se pudiera posesionar el hoy primer mandatario Bernardo Arévalo. Algo similar ha sucedido con el tema de la crisis en Gaza. Desde el primer momento criticó lo que sería una respuesta desmedida de Israel a los ataques terroristas del grupo Hamás. Estos hechos, posibles crímenes de guerra, deben ser rechazados y condenados sin ambages. Infortunadamente, no ha sido capaz de condenar por igual los actos terroristas de Hamás, donde además murieron dos ciudadanos colombianos, ni ha asumido una posición firme frente a acciones igualmente condenables, como la guerra de Rusia en Ucrania. La coherencia se debería aplicar a todas las situaciones y no a algunas por motivos ideológicos.
La situación en Venezuela continuará deteriorándose. Maduro no permitirá realizar unas elecciones donde pueda perder. A última hora, se lograron inscribir tres candidatos opositores: Enrique Márquez, Manuel Rosales y Edmundo González Urrutia, este último con apoyo de la PU, quien sería un comodín, pues hay opción de cambiar de candidato hasta días antes de las elecciones. Si el bloque opositor logra el retiro de los dos primeros, y la Plataforma logra imponer a Yoris, como era la propuesta aceptada previamente, habría esperanza. Colombia tiene un compromiso innegable con la legalidad en las elecciones venezolanas.
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