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El gobierno de Gustavo Petro hizo bien dos cosas al presentar la propuesta de reforma tributaria: primero, se bajó de las promesas más rimbombantes de campaña, donde se hablaba de aumentar el recaudo de manera imposible y, segundo, empezó el debate con tiempo, recién empezó el mandato, lo que va a dar tiempo para discusiones que sin duda terminarán en modificaciones. Gracias a eso, ya empezaron diálogos importantes sobre cargas a las empresas, el impuesto a la gasolina e incluso los llamados impuestos saludables. El objetivo de $25 billones de recaudo, defendido por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, es un acierto en un país en mora de un sistema tributario más equitativo y progresivo.
El principal acierto de la reforma tributaria es que busca acabar con un sistema regresivo, donde la tasa de tributación disminuye para las personas naturales a medida que más ganan. Mucho se ha hablado del aumento a los impuestos para las personas con ingresos superiores a los $10 millones, que sin duda será un golpe inicial considerable, pero se trata de una apuesta por hacer más equitativo el sistema. Esto, junto con el impuesto a patrimonios mayores de $3.000 millones, hace que quienes más tienen aporten de forma adecuada al país. Es una apuesta difícil en un país acostumbrado a la corrupción y a no ver a dónde se van los impuestos, pero si el gobierno Petro cumple con sus promesas de hacer gastos responsables y transparentes, estos impuestos se normalizarán. Pasará en Colombia como ocurre en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde cada quien aporta según sus posibilidades.
Tal vez el error en esa propuesta de impuestos ha sido en el discurso que enfrenta a “ricos” contra el resto de los colombianos, fomentada desde la misma bancada de gobierno. La justificación para el corte de los $10 millones ha fomentado esa distinción, que se podría moderar para no causar resentimientos. El Gobierno también debería recuperar una idea de la fallida reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, en el sentido de lograr que más personas declaren renta, así no tengan que pagar. Que se sienta que el tema tributario es asunto de todos, no solo de los que más ingresos tienen, ayuda también a la cultura de respeto a lo público.
Ahora, la pregunta abierta es la tributación de las empresas. Bienvenidas las eliminaciones de las exenciones y la nivelación de impuestos que se pretende hacer, pero hay preocupaciones que el ministro Ocampo debería oír. El Observatorio Fiscal de la Javeriana le dijo a El Espectador que “las empresas se siguen enfrentando a una alta carga tributaria generalizada”. Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, dijo que la reforma aumentaría en $14 billones el peso tributario de las empresas. También mostró una gráfica preocupante: en el combinado de las empresas con sus socios, la tasa de tributación estaría en un 67 %. Para evitar el flujo de capitales y que no haya inversión, los empresarios y el minhacienda deben sentarse a dialogar, como ya lo están haciendo.
Hay, por supuesto, más debates por dar: el impuesto al carbón continúa con la estrategia de Gustavo Petro de alejarse de las energías tradicionales, pero aún no tenemos un plan de transición claro. La otra gran pregunta es qué hará el gobierno con esos $25 billones que se recaudarán. Esa respuesta tendrá que venir antes de cualquier aprobación. Por fortuna, hay meses de discusión por delante. El Congreso debe liderar el debate sobre una reforma bienintencionada, pero que necesita ajustes.
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