Los chilenos aprobaron cambiar la Constitución heredada desde 1980 en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. Un porcentaje mayoritario de los participantes, el 78 %, estuvo de acuerdo en que hay que redactar un nuevo texto constitucional comenzando de cero. De igual manera se acordó que la conformación de los 155 nuevos constituyentes debe ser paritaria en materia de género. De esta manera, luego de las grandes movilizaciones del año anterior y parte del actual, Chile inicia un importante camino que le permitirá redefinir su modelo institucional, así como las bases socioeconómicas puestas en entredicho durante las protestas.
El tema es de una gran relevancia. Se trata de rehacer la carta máxima de un país que por muchos años fue considerado un modelo de desarrollo económico y estabilidad política en la región. Los complejos incidentes del año pasado demostraron que la situación estructural requería de una cirugía mayor. Los graves problemas de inequidad y exclusión y la erupción de un gran número de cuestionamientos al sistema estallaron en su conjunto. De allí que la única y necesaria salida era la de convocar a una consulta popular para la reforma constitucional. Ese era el camino a seguir dentro de un Estado de derecho que respeta la institucionalidad. Esto fue lo que sucedió el domingo anterior y deberá culminar con un nuevo texto para junio de 2022.
A pesar de que se hicieron algunos cambios en estos 30 últimos años, desde el retorno a la democracia, ninguno de sus gobiernos se atrevió a llevar a cabo esta inaplazable tarea. Prefirieron hacer ciertos retoques sin ir al fondo del problema. Por esta razón, es difícil pensar que alguien se adjudique ahora el “triunfo”. Según algunos analistas, más bien existe un gran malestar con los partidos políticos en general. De momento, surgen algunas preguntas, entre ellas, el bajo grado de participación del electorado, que llegó apenas al 50 %. No era un acto comicial más. Se han señalado como causas el tema de la pandemia y el temor a salir a la calle, así sea para votar, o que el grado de participación general ronda esta cifra desde que el voto no es obligatorio, o que era previsible el resultado final. Pueden ser hechos que expliquen la apatía. Sin embargo, lo que está en juego es demasiado importante para el futuro del país, en especial tras las grandes movilizaciones del último año.
Entre los temas fundamentales a considerar estarán conceptos como la estructura política del país, en la cual se deberá decidir entre el actual presidencialismo, el semipresidencialismo y el parlamentarismo. De otro lado, están los derechos sociales, fuertemente cuestionados durante las protestas. Es inevitable que salgan a relucir las contradicciones entre la izquierda y la derecha, motivo por el cual la conformación de la Asamblea Constituyente de abril sea determinante. En principio, las opciones podrían favorecer a la derecha, que cuenta con cinco partidos que buscarán unirse para lograr el mayor número de participación. Mientras tanto, la oposición tiene más de 15 partidos, de diferentes tendencias, y, en caso de no lograr alianzas que les permitan acercar posiciones, es muy probable que obtengan una menor representatividad.
Uno de los aspectos que más han generado preocupación, en especial dentro de la derecha, es que se incluyan demasiados derechos sociales que puedan ser exigidos judicialmente por los ciudadanos. Creen que se puede continuar con algo similar a lo que existe en el momento; es decir, mantener un avance gradual. Para los sectores de izquierda, por el contrario, deberían estar enunciados expresamente derechos como la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, el trabajo y el medioambiente, al considerar que hay un gran desequilibrio en estos derechos.
El año entrante comenzará a actuar la Constituyente. Es seguro que su voluntad democrática les permitirá redefinir el camino a los chilenos.
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