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Una reforma tributaria es necesaria en estos momentos. Más allá de la indignación y los discursos que han secuestrado el debate público colombiano, esa es una realidad ineludible. Sería irresponsable aplazarla o diluirla en el Congreso. El país se enfrenta a un hueco fiscal que se alimentó de una mezcla problemática: la urgencia de responder a los efectos sociales de la pandemia y que la última reforma se aprobó a sabiendas de que luego sería necesario mejorar los ingresos. De manera que ahora los congresistas deberían resistir los cantos de sirena del populismo y entender que con los recursos de los colombianos en tiempos de crisis no se puede jugar. Partamos de ese punto en común.
Sobre la mesa está finalmente la reforma tributaria propuesta por el Ministerio de Hacienda de la administración de Iván Duque. Son muchos los aspectos a comentar, pero queremos concentrarnos en algunos puntos esenciales. En caso de ser aprobada, se implementaría una expansión ambiciosa de la protección estatal contra la pobreza y la pobreza extrema, así como un avance en la lucha por la desigualdad. También propone medidas importantes para combatir la emergencia climática. Sin embargo, sobrecarga a una población vulnerable y poco considerada, además de que contiene contradicciones preocupantes.
El ingreso solidario es una apuesta inmensa contra la pobreza y la desigualdad en el país. Si los estimados del Ministerio de Hacienda se cumplen, los $4,6 billones que costará el aporte, sumados a todo el aparato estatal de ayudas a poblaciones vulnerables, harían que Colombia dejara de ser uno de los países más desiguales en América Latina. Se trata de una ambición a la altura del reto de la pandemia que busca utilizar la crisis para reducir la pobreza y la pobreza extrema. Aunque hay todo un debate por dar sobre si esta es la manera más adecuada de construir un Estado más solidario, la apuesta es llamativa y es el aspecto más interesante de esta reforma.
También son bienvenidos los impuestos que buscan combatir la emergencia climática. La inclusión del carbón en el impuesto al carbono tardó mucho tiempo, pero por fin será una realidad. El nuevo impuesto vehicular, que incluye la contaminación como un factor de cálculo de la tasa, es también una excelente manera de fomentar la transición a energías más limpias. Sin embargo, el Gobierno podría ir más allá. Sus impuestos al transporte público, una de las principales fuentes de contaminación, podrían ser más severos, más teniendo en cuenta que vamos tarde en la adaptación al cambio climático. También es extraño que se graven con IVA productos relacionados con energías renovables, si la intención es fomentarlas.
La reforma, empero, busca crecer el recaudo para cerrar el hueco, y allí empiezan las contradicciones. Se expande la base gravable, algo que es necesario y coherente con la solidaridad que demanda el Gobierno, pero hay un sector de la población que cargará con el mayor peso y verá su calidad de vida reducida. Se pide que todos los colombianos aporten, pero hay grandes fortunas que siguen teniendo la manera de eludir su responsabilidad. Por ejemplo, no se exploró un aumento al impuesto al patrimonio ni una sobretasa a las bebidas azucaradas. Así es difícil que los colombianos acepten el llamado al sacrificio que contempla la reforma.
Ahora comienza la batalla política en el Congreso y en ese sentido echamos de menos la propuesta de la comisión de expertos de crear un órgano independiente que estudie los impactos de todas las reformas tributarias que se hagan en el país. Porque mientras crecen el populismo y la desinformación, hacen mucha falta los datos duros y confiables que orienten el debate por fuera de los intereses particulares. Sin algo así, y ya corriendo un año electoral, nos tememos que la reforma se aprobará llena de remaches al servicio de esos intereses. Es una historia conocida, en la que siempre pierde Colombia.
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