29 Dec 2020 - 3:00 a. m.

Una sanción necesaria y dudas que quedan aún

El Espectador

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Llegó, por fin, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a una sanción contra los involucrados en la corrupción de la Ruta del Sol 2. Los hallazgos del ente de control son dolorosos, claros y frustrantes. Eso último porque, pese a todo el cubrimiento que se ha dado al caso y a los anuncios rimbombantes en la Fiscalía, tanto en la administración pasada como en la actual, pasó lo que muchos predijeron: la responsabilidad se va a detener en unos cuantos nombres, que supuestamente operaron como “manzanas podridas”. ¿Dónde queda la responsabilidad por contratar a criminales? ¿Dónde queda la responsabilidad política de quienes permitieron que esto ocurriera? ¿Dónde terminan las juiciosas investigaciones que iban a contarle al país la profundidad del daño?

Colombia es un país de tragedias superficiales. Cuando pasa algo horrible, o indignante, seguimos el mismo guion: declaraciones vehementes de las autoridades, hallazgos de culpables, compromisos de encontrar a los responsables intelectuales. Y luego... bueno, nos quedamos en la superficie. El atractivo del discurso de las manzanas podridas como respuesta a cualquier escándalo es que es eficaz. Nuestro país está lleno de casos excepcionales de personas cometiendo crímenes solas.

Odebrecht se proyectaba como uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia del país. Varios años después, las investigaciones se estancaron y ya hay unos cuantos responsables. Pero las preguntas perduran. Ahora la SIC aterriza con multas que suman $295.000 millones contra varias empresas. ¿Será esta, sin embargo, la última decisión en un caso que prometía contarle al país mucho más sobre la adjudicación de los grandes proyectos de infraestructura?

La SIC encontró que la Constructora Norberto Odebrecht S. A., Odebrecht Participações e Investimentos S. A. (conjuntamente Odebrecht), la Corporación Financiera Colombiana S. A. (Corficolombiana), Estudios y Proyectos del Sol S. A. S. (Episol), la Concesionaria Ruta del Sol S. A. S. en liquidación (concesionaria) y el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales idearon y desplegaron un sistema restrictivo de la libre competencia para adjudicar y ejecutar el contrato de la Ruta del Sol 2. No solo hubo sobornos, sino que el pago de estos se hizo gracias a las adiciones al contrato. Es decir, los colombianos financiamos, con nuestros impuestos, las coimas que permitieron la adjudicación de la obra. La palabra “frustración” se nos queda corta ante el caso.

Para la SIC, “quedó en evidencia que el modus operandi de Odebrecht en la primera fase del sistema anticompetitivo se desplegó a través de una compleja y sofisticada estructura ilegal que, valiéndose convenientemente de su organización empresarial preestablecida, contempló un reparto específico de diversos roles y distintas tareas o funciones, creada para que existiera y funcionara de manera concertada y plenamente coordinada, con la finalidad de cometer diferentes comportamientos ilegales inequívocamente dirigidos a limitar la libre competencia económica”. Por cierto: las irregularidades fueron denunciadas por Jorge Pizano y cayeron en oídos sordos, o por lo menos indiferentes.

En todo caso, celebramos la importante decisión de la SIC. Si las autoridades no muestran los dientes, ¿cómo garantizamos que estos hechos no sigan ocurriendo?

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