23 May 2022 - 5:00 a. m.

Veinticinco años de mentiras contra la empatía de la muerte digna

Los 25 años del derecho a la muerte digna en Colombia muestran una historia de crueldad contra los pacientes que han buscado el procedimiento. / Imagen de referencia: El Espectador
Los 25 años del derecho a la muerte digna en Colombia muestran una historia de crueldad contra los pacientes que han buscado el procedimiento. / Imagen de referencia: El Espectador
Foto: El Espectador

Veinticinco años cumplidos desde que la Corte Constitucional consolidó el derecho a la eutanasia demuestran que los argumentos de sus opositores son falsos y buscan que el miedo prime sobre la empatía. El 20 de mayo de 1997, Colombia se unió a solo otras dos naciones en el mundo, Bélgica y los Países Bajos, como un territorio donde se protegía el derecho a la muerte digna. Los aspavientos en respuesta a la decisión del alto tribunal constitucional estuvieron bañados en moralidades cuestionables, que no entendían cómo los humanos podían tomar decisiones que supuestamente solo le correspondían a Dios. También se fomentó la idea de que esto abría la puerta para dejar de tratar a pacientes y crear un mercado negro de órganos, situaciones que no solo nunca se materializaron, sino que son una ofensa para las familias de los pacientes que han ejercido ese derecho.

La sentencia de la Corte Constitucional, aunque novedosa y avanzada a su época, se sustenta en un principio básico de nuestra Constitución: el derecho que cada persona tiene para definir, en sus propios términos, qué es una vida digna. Tristemente, ni el Congreso de la República, ni varios ministros de Salud, ni varias juntas médicas en toda Colombia ni la Iglesia católica han reconocido que el derecho a la muerte digna es un acto de empatía, y lo que hemos visto en estas dos décadas y media son un cúmulo de obstáculos que solo han causado sufrimientos crueles.

Aunque la Corte Constitucional le pidió al Congreso desde 1997 que regulara la materia, la Rama Legislativa ha sido incapaz de hacerlo. No por ausencia de proyectos, sino porque los grandes debates morales siempre se estancan entre los congresistas. Pasó con la eutanasia, pasó en su momento con el matrimonio de parejas del mismo sexo y ahora lo vemos pasar con el aborto. El Senado y la Cámara han claudicado en su rol de liderazgo político sobre temas que pueden ser poco populares, pero afectan directamente los derechos fundamentales de las personas que viven en Colombia. Ante tal silencio legislativo, a la Corte Constitucional le ha tocado llenar los vacíos.

Ese proceso de jurisprudencia ha sido doloroso. Leer las tutelas que se han presentado a lo largo de los años es viajar entre tragedias familiares que se han enfrentado a la burocracia inhumana de las EPS, las IPS y las mismas juntas médicas. Niños y adolescentes que tuvieron que sufrir durante meses mientras les aprobaban la eutanasia, solo para morir antes del dictamen médico; adultos obligados a pasar sus últimos meses rogando por un poco de piedad ante operadores médicos en aparente indolencia y procedimientos de eutanasia interrumpidos a último minuto por la interferencia de la Iglesia en connivencia con el Gobierno de turno. ¿Qué ganamos con tan reacia oposición, más allá de prolongar el sufrimiento?

Se ha dicho que los médicos dejarán de tratar a los pacientes, algo que no ha ocurrido. Se dijo también que se fomenta una cultura de la muerte, cuando los procedimientos de eutanasia son momentos íntimos de los involucrados con sus familias. Entonces, ¿cuál es el temor? Se han llevado a cabo 257 intervenciones en el país y solo en los últimos años hemos visto un avance, de nuevo gracias a la Corte Constitucional. Los próximos 25 años del derecho a la muerte digna deberían estar mediados no por el miedo y la oposición, sino por la empatía nacional.

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