Opinión: Gran alianza contra la corrupción

La convicción de nuestro gobierno de impedir que los corruptos se sigan robando la plata de los colombianos, se materializa con el Proyecto de Ley 341 de 2020 que presentamos al Congreso de la República con el objetivo de cerrar todos los caminos a quienes pretendan usurpar los recursos públicos, eliminando esos vacíos institucionales que en el pasado permitieron el asalto y el desangre del erario.

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La iniciativa, Proyecto Integral de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, es fruto del trabajo de una verdadera alianza anticorrupción conformada por 25 entidades del Estado, que, desde la Comisión Nacional de Moralización, liderada por el presidente Iván Duque, logramos priorizar 91 artículos que abarcan 12 grandes temas esenciales para la superioridad del Estado.

El Proyecto de Ley incluye la creación de medidas de protección a denunciantes, el fortalecimiento de mecanismos para descubrir a beneficiarios finales de hechos de corrupción, además, fortalece la integridad tanto en jóvenes como en entidades públicas y privadas; todo ello, de enorme trascendencia para cumplir el propósito y quitarles a los corruptos toda opción de robo al dinero de los colombianos.

La coordinación entre las entidades del Estado son premisas fundamentales para propinar golpes contundentes en contra de la corrupción. Por ello, respetando la autonomía, se dispone de varios mecanismos que refuerzan la cooperación, se crea un centro de información y reacción inmediata, se fortalece la Comisión Nacional de Moralización y se profundizan los intercambios de información.

Tendremos, no solo, más prevención, sino también mayor castigo a los corruptos. Atacaremos la impunidad de las empresas propensas a valerse de la corrupción, pues implementaremos la corresponsabilidad de las personas jurídicas por los actos cometidos por sus representantes. También, se implementarán esquemas de prevención y sistemas de riesgos de corrupción tanto públicos como privados.

Cada vez será más fuerte el impacto y duras las consecuencias para quienes cometan delitos contra el erario público. El proyecto de ley contempla modificaciones en la figura de la extinción de dominio, que agiliza la venta temprana de bienes incautados que estén en administración de la Fiscalía.

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A su vez, se introduce la figura de reparación por los actos de corrupción. Hasta hoy, los ciudadanos afectados por la corrupción eran invisibles y el daño cometido a la sociedad no era resarcido. El proyecto tiene como objetivo reparar los derechos colectivos violados y que el corrupto se obligue a garantizar la indemnización adecuada.

Asimismo, es necesario actualizar la acción de repetición, esta institución procesal permite la recuperación de los dineros públicos cuando el daño reparado por el Estado fue causado por culpa del funcionario público.

También promoveremos un capítulo que nos permita descubrir quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción, esas personas naturales que controlan, poseen y manejan las estructuras societarias y resultan invisibles para las entidades de control y seguir el trazo de los dineros de lavado de activos o de la corrupción.

Con la ejecución de las reformas planteadas en este proyecto de ley, vamos a reformar en gran medida la institucionalidad y pondremos los focos a esas zonas oscuras donde se esconden los corruptos. A su vez, cumplimos con el propósito de nuestro Gobierno, con los temas resaltados en la Conversación Nacional y, tendremos una ciudadanía fortalecida, con funcionarios sin temor a denunciar y un país con cultura de legalidad.