La aguja en el pajar

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Por Luis Felipe Zamudio

En respuesta al editorial del 8 de mayo de 2020, titulado “Una cachetada de Presidencia a los colombianos”.

Seguramente 13 mil millones es una cifra exagerada, como lo menciona el editorial de El Espectador, para los rubros a los que están destinados como lo son el ESMAD y gastos de comunicaciones y posicionamiento. Sin embargo, están siendo miopes con el resto de inversiones que se están haciendo. Solamente el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) tiene capitalizados 28 billones distribuidos para salud; trasferencias monetarias a poblaciones vulnerables en los diferentes programas sociales que ha invertido el Gobierno, llegando a más de ocho millones de hogares, entre otras inversiones.

Por decir más, el fondo de Garantías responderá por los créditos de los pequeños y medianos empresarios hasta por un 90 % y, de necesitarse, hay 48 billones para esa inversión. A pesar de las restricciones presupuestales por este escenario inédito que ha generado la pandemia del COVID-19, Colombia ha destinado ocho puntos del PIB según el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo el tercer país con más inversión después de Perú y Chile en Latinoamérica.

Entonces, puede que sea una cifra exagerada la sumatoria de los 13 mil millones en cuestiones que no son necesarias, sin embargo, ¿existe alguna ilegalidad? Hasta el momento las entidades de control como Procuraduría y Contraloría no han abierto, ni siquiera, una investigación preliminar. Y siendo pragmático, esos 13 mil millones son solo el 0,04 % de todo el dinero que se está invirtiendo en la pandemia, de gastos ya apropiados y aprobados por el mismo Congreso y de diferentes bancadas que apoyaron dicha ley de presupuesto.

Otro debate que es necesario mirar es si todos los gastos para imagen y comunicaciones tanto del Gobierno nacional como de los entes territoriales se justifica, y velar que estos gastos no se destinen para vanidad de los mandatarios. Pero la realidad es que las formas de comunicación han cambiado y las inversiones en comunicaciones se podrían justificar para llegar a las multitudes; cada canal de comunicación tiene sus nichos y eso cuesta.

Que la minucia de las cosas no nos ciegue en las importantes acciones que ha encaminado el Gobierno de Iván Duque. Porque por las mismas razones podríamos crucificar los contratos de la alcaldesa Claudia López en materia de comunicaciones, pero no veo mayor crítica por lo mismo. La realidad es que el Estado tiene que comunicar. ¿Podría ser más económico? Tal vez.

Por otro lado, los gastos en seguridad siempre tendrán su razón de ser, basta recordar las marchas del año pasado y el vandalismo que se generó producto de unos criminales, lo que dejó, el 21 de noviembre de 2019, 20 mil millones en daños solamente en Bogotá. Y más cuando figuras de orientaciones políticas ajenas al Gobierno ya anuncian movilizaciones cuando se supere la coyuntura. Además, hay que estar listos para mitigar a los desadaptados que no pueden marchar pacíficamente.

No hay que ver la aguja en el pajar cuando se están haciendo cosas poco ortodoxas.

 

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