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La imprudencia de Uribe menoscaba la libertad de expresión

EL DRÁSTICO DESCENSO EN EL NÚmero de periodistas caídos en cumplimiento de su labor es una noticia alentadora, aunque no refleja una mejora sustancial en las condiciones de libertad de prensa en Colombia.

Carlos Lauría y María Salazar*

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El gobierno de Álvaro Uribe argumenta que la caída es producto de su política de Seguridad Democrática. Pero las organizaciones de derechos humanos, incluyendo el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), consideran que existe estrecha relación entre el menor número de muertes y una fuerte autocensura, especialmente en las regiones con fuerte presencia de los actores ilegales del conflicto armado.

Para gran parte de los periodistas en el interior del país, agobiados por amenazas e intimidaciones, el silencio es el mejor mecanismo de protección. En las zonas controladas por guerrilleros y paramilitares, que se turnan el privilegio de declarar a la prensa “objetivo militar”, no hay ninguna posibilidad de realizar periodismo independiente, mucho menos de investigar. Situaciones que afectan la vida diaria de miles de colombianos, como las violaciones a los derechos humanos, el desplazamiento forzado y la corrupción, no reciben cobertura informativa. Como resultado, existe un estado de desinformación generalizado sobre un conflicto que está lejos de haber concluido. La democracia colombiana es la más afectada.

La controversia generada por el papel del periodista Hollman Morris en la liberación de cuatro secuestrados de las Farc, puso en evidencia las dificultades de la prensa colombiana en la cobertura del conflicto armado y de sus diferentes actores, una tarea sumamente peligrosa si no imposible, aunque indispensable. El episodio de Morris resalta el empeño del Gobierno colombiano en limitar la cobertura del conflicto e insistir con la estigmatización de reporteros que utilizan fuentes no oficiales.

Uribe manifestó en público que, si bien a su gobierno no le gusta que los medios entrevisten a las guerrillas o a los paramilitares, respeta su derecho a hacerlo. Durante una reunión en marzo de 2006 con una delegación del CPJ, también enfatizó que cualquier funcionario que interfiera con el trabajo de la prensa “estaría cometiendo un crimen contra la democracia, y eso es gravísimo”. No obstante, el Vicepresidente, el Ministro de Defensa y el propio Presidente han vinculado a Morris con las Farc, han instado a la Fiscalía a investigarlo por terrorismo, y han atacado a la OEA y a la ONU por manifestarse en su apoyo.

La estigmatización de Morris como cómplice de las Farc, a la que ha recurrido irresponsablemente el gobierno de Uribe, podría tener el mismo resultado que las amenazas directas de la guerrilla o los paramilitares: el silencio total en torno a sus operaciones.

No es la primera vez que Uribe arremete contra la prensa. En 2007, el Presidente atacó a dos conocidos periodistas, Gonzalo Guillén y Daniel Coronell, por críticas a su gestión. Poco después de las acusaciones del Presidente, ambos fueron amenazados de muerte. Guillén se vio obligado a abandonar a Colombia.

Al igual que las imputaciones en contra de los dos periodistas críticos, las recientes acusaciones en contra de Morris no tienen fundamento. El Gobierno ha cuestionado la ética de Morris pero no ha exhibido pruebas que lo vinculen con las Farc.

Uribe debe rectificar públicamente las acusaciones contra Morris y abstenerse de efectuar acusaciones sin fundamento. El Presidente debe respetar el disenso y comprender que la sociedad colombiana se beneficia con la diversidad informativa y la pluralidad de fuentes. La salud de la democracia se lo reclama con urgencia.

* Carlos Lauría es coordinador senior del programa de las Américas del CPJ de Nueva York y María Salazar es investigadora senior.

Por Carlos Lauría y María Salazar*

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