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En el país durante más de 50 años hemos permanecido inmersos en una cierta noción de la ley como generadora del conflicto armado. En cinco décadas se han impuesto distintos tipos de justicia contraestatal o paraestatal (guerrillera, paramilitar).
De manera sistemática y absoluta, las personas en zonas rurales y apartadas o en los suburbios de las ciudades, han enfrentado “la ley del monte” en los casos rurales, o de una u otra “oficina”, en los casos urbanos.
Se trata de regímenes despóticos, que instauran su propias regulaciones, bajo el lema de “nuestra ley con sangre entra”. Como consecuencia de ello, las poblaciones locales se descubren arbitrariamente acusadas de auxiliar o colaborar con uno u otro bando, juzgadas y castigadas en virtud de una u otra ley, cuando no de todas en turnos sucesivos.
A esta dinámica del crimen parecerían responder: las masacres, los ajusticiamientos, la desaparición y el desplazamiento forzados, las amenazas y las torturas. Violaciones de los derechos humanos que han generado ocho millones de víctimas del conflicto armado colombiano.
En los últimos treinta años, la justicia del Estado asumió, además de la carga ordinaria de juzgar los delitos comunes, la misión extraordinaria de investigar y juzgar los crímenes sistémicos generados por el conflicto armado. Esto la ha obligado a mirar continuamente hacia dentro, a su necesaria puesta en contexto, a sus exigencias de compaginar las normatividades internas con los marcos internacionales, y siempre a resolver los hiatos que surgen entre la teoría y la práctica, y entre la búsqueda de caminos de solución propios a las tensiones entre las exigencias de la justicia y las necesidades de la paz.
En este escenario de tensiones y desafíos, a las víctimas no solo se les ha escatimado su capacidad creativa para reconstruir la verdad de sus procesos, sino que además han tropezado con prácticas cotidianas entorpecedoras del imperiode la justicia; algunas de ellas son: la exclusión por causa de la pobreza; el pretendido carácter intocable del perpetrador; los riesgos y vulnerabilidades bajo los cuales muchos operadores judiciales se ven obligados a ejercer su labor; la discriminación sobre ciertas modalidades delictivas, como la violación sexual o la tortura; la reproducción de la estigmatización impuesta por los actores armados.
En muchas oportunidades, la persona que busca la protección del Estado puede terminar doblemente victimizada tanto por la ley ilegítima como por la legítima: primero por el ajusticiamiento de los violentos, y luego porque percibe que se le niega el derecho a la justicia del país al que pertenece, a menudo ante la mirada indiferente de una sociedad que no se moviliza para que el aparato judicial se transforme o simplemente actúe.
Ante ese escenario infranqueable y propicio para la impunidad, las víctimas no actúan con resignación kafkiana.
Con su lucha paciente han logrado plasmar grandes avances en la jurisprudencia sobre la defensa de los derechos humanos, evidenciando con ello la capacidad de invención social de la justicia.
En la última investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, que hemos titulado “El Derecho a la Justicia como Garantía de No repetición”, además de presentar un panorama amplio de lo sucedido en Colombia en las últimas décadas, hacemos un llamado a que el aparato judicial tenga en cuenta los esfuerzos y las innovadoras construcciones de las víctimas, así como sus expectativas.
En nuestra investigación invitamos también a la sociedad en general para que deje de percibir las demandas de justicia de las víctimas como un lastre que carga el sistema en nuestro país, y las reconozca como generadoras de transformaciones en los modelos que responden a las exigencias, ya no del conflicto sino de la paz, en un gesto de reconciliación que redunda en beneficio de toda la sociedad, y no solo de sí mismas.
Debo subrayar finalmente esta idea: las víctimas son sujetos transformadores de sociedad; no se han resignado a constatar los límites o perversiones de la justicia, sino que han inventado mecanismos para coadyuvar a su materialización, no a su subversión o desconocimiento. Las víctimas ven hoy, en tiempos de paz, el derecho a la justicia como garantía de la No Repetición de las violaciones y de la guerra que han padecido. La construcción de paz por parte de toda la sociedad exigirá que tengamos también una mirada receptiva a la capacidad creadora que las gentes de este país han desplegado en medio de la guerra.
* Director del Centro Nacional de Memoria Histórica
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