Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En respuesta al editorial del 10 de septiembre de 2026, titulado «El porte de armas no es solución«.
Coincido con la idea central del editorial de El Espectador: facilitar el porte de armas no es una buena respuesta a los problemas de seguridad que vive Colombia. Pero creo que la discusión va más allá de cuántas armas pueden circular o de quién puede obtener un permiso. La pregunta de fondo es mucho más sencilla: ¿quién debe garantizar nuestra seguridad? Y la respuesta obvia es el Estado.
Una persona no debería salir de su casa pensando que necesita llevar un arma para poder regresar tranquila. Debería confiar en que hay un Estado capaz de protegerla, prevenir el delito, perseguir a quienes lo cometen y garantizar justicia. Cuando, frente a la inseguridad, la respuesta es facilitar que los ciudadanos se armen, el mensaje puede terminar siendo muy distinto: si tiene miedo, protéjase usted mismo.
Hay, sin embargo, un punto de la editorial del que discrepo. Es la idea de que las personas tendemos, por naturaleza, a recurrir a la violencia cuando estamos bajo tensión.
Me parece una afirmación peligrosa porque puede llevarnos a pensar que la violencia es algo natural e inevitable. Y si algo deberíamos haber aprendido después de tantos años de violencia en Colombia es, precisamente, lo contrario. No estamos condenados a resolver nuestros conflictos de manera violenta. La educación, la cultura, las instituciones, las condiciones sociales y nuestras propias decisiones hacen una enorme diferencia.
Además, no necesitamos decir que las personas somos violentas por naturaleza para explicar por qué más armas pueden significar más riesgo. El argumento es mucho más simple: todos podemos vivir momentos de miedo, rabia, desesperación o pérdida de control. Y cuando, en medio de una de esas situaciones, hay un arma disponible, aumenta la posibilidad de que una discusión termine en una tragedia.
Una pelea de tránsito, una discusión entre vecinos, una riña o una situación de violencia dentro de una familia pueden tener consecuencias mucho más graves si alguien tiene un arma al alcance de la mano.
Colombia, además, tiene razones propias para ser especialmente cuidadosa con este tema. Sabemos lo que ha significado que la seguridad pase, de distintas maneras, a manos de particulares. Nuestra historia está marcada por las convivir, las autodefensas, el paramilitarismo y otras formas de privatización de la seguridad.
Eso no quiere decir que una persona que obtiene legalmente un arma sea comparable con un paramilitar. Por supuesto que no. Pero nuestra historia sí debería enseñarnos que normalizar la idea de ciudadanos armados para garantizar su propia seguridad no es un asunto menor.
Una sociedad con miedo necesita más Estado, más prevención, más justicia y mejores instituciones. No más armas. Porque si la respuesta del Gobierno frente a la inseguridad es que cada ciudadano se arme para protegerse, ¿la política de seguridad ahora es un «sálvese quien pueda»?
* Director de Indepaz.
Conoce más