En respuesta al editorial del 11 de noviembre de 2022, titulado “Los ataques de Daniel Quintero a la prensa”.
Previo al genocidio de Ruanda, sobrevivientes aseguran haber escuchado desde los micrófonos de la radio local: “Maten a las cucarachas”. Este fragmento pertenece a la novela Pequeño país, de Gaël Faye, que describe: “Tía Eusibe apagó la radio de repente. Nadie hablaba. Aunque no veía el rostro de mamá, sentía su malestar. Miré a Christian. «¿Qué pasa?». «Nada. Estupideces. Es el locutor de la radio... lo que estaba diciendo». «¿Qué decía?». «Que todas las cucarachas deben morir». «¿Las cucarachas?». «Sí, las cucarachas. Las inyenzy. Usan esa palabra para hablar de nosotros, de los tutsis”. Murieron 800.000 hombres, jóvenes, mujeres, niños y bebés a sangre fría, a machetazos; 50 años atrás, los nazis, previo al genocidio, comenzaban la distinción lingüística llamando “marranos” a quienes serían sus víctimas.
Los distintivos usados en los discursos de odio buscan clasificar a los individuos y emitir sentencias sin juicios por una condición étnica, religiosa o política. La reducción moralista de la identidad del otro le permite a quien no está en el campo de batalla incitar lo suficiente para que otros tomen acciones por la fuerza. El genocidio en Ruanda y el holocausto judío son solo dos ejemplos del impacto de la psicología del lenguaje y la guerra. En una Colombia todavía en llamas y con la gasolina cerca, donde el conflicto ha tenido causas principalmente políticas, el poder que toman las voces y plumas de ninguna manera se puede considerar menor. Los medios de comunicación han sido una pieza fundamental en la comunicación de la guerra y en la construcción de la paz. Su papel no ha sido solo de observadores y la opinión de estos también ha formado la de un país; en época de posverdad esta debería estar basada en fundamentos y evidencias.
Cuando el editorial de El Espectador plantea que “los funcionarios públicos deben tener un grado de tolerancia a la crítica superior al de un ciudadano”, sugiere que algunos ciudadanos por su condición política deben renunciar a cierto grado de sus derechos. Por ello, vale la pena releer el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. El derecho constitucional no es relativo ni gradual, no tiene distinción ni exenciones, no está al criterio de un medio de comunicación y tienen derecho a él tanto políticos como periodistas. Gran daño se le hace a la democracia al sugerir que el control político y social se realice sustentando opiniones y no evidencias, porque la diferencia es que la opinión está cargada de las emociones, experiencias e intereses que a todos nos rigen. Ni los tutsis por su condición étnica, ni los judíos por la religiosa, ni cualquier ciudadano por su condición política deben ser objeto de opiniones que vulneren su derecho constitucional. Las condenas las realizan los jueces en un Estado de derecho, así sea aún débil. La justicia por mano propia no se debería dar en las calles ni en las voces, el Estado de opinión se lo dejamos a Uribe y que Colombia siga siendo un Estado social de derecho donde todos, sin distinción, gocemos de los mismos derechos, libertades y oportunidades.