En respuesta al editorial del 12 de noviembre de 2022, titulado “Un embajador poco diplomático”.
Con todo el respeto que se merece el editorial del día sábado 12 de noviembre de 2022, creo que la argumentación sobre la respuesta del señor embajador Armando Benedetti alrededor de las violaciones a los derechos humanos en Colombia es irresponsable y tiene poca precisión discursiva en sí. Es un tiro en el pie para el diario El Espectador.
El embajador colombiano para Venezuela dijo (cito según el diario): “No quiero defender a Maduro, pero en mi país, Colombia, hay más violaciones de derechos humanos que en Venezuela”.
En esta precisión el embajador no se equivoca y habla de lo que le corresponde: las violaciones a los DD. HH. en Colombia. La pregunta con la que El Espectador intenta responder discursivamente al embajador es aun más preocupante, pues hace una comparación ante las situaciones vividas en ambos países (argumento por analogía, diría Van Eemeren, 2010), pero realmente se convierte en una falacia que expone aún más las preferencias de un diario por una de las fuerzas políticas que agobian (todas) a nuestro país. El argumento se cae porque al formularlo como una pregunta pone en duda las diversas violaciones que ha vivido Colombia en materia de derechos humanos. Cito al diario: “¿Quiere decir entonces que el embajador colombiano en Venezuela cree que la Corte Penal Internacional debería abrir un proceso contra nuestro país, así como lo ha hecho contra el régimen de Maduro? ¿Cree, acaso, que los hallazgos terribles de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y persecución a la oposición política en Venezuela no merecen protestas?”.
Señores de El Espectador: ¿creen ustedes que no se debe abrir un proceso en nuestro país ante la Corte Penal Internacional por el desplazamiento humano causado por actores armados en el nordeste antioqueño; por los 322 líderes ambientales asesinados desde 2012 (edición del 29 de septiembre de 2022); por los múltiples suicidios de jóvenes en Chocó y algunas comunidades indígenas del territorio antioqueño, quienes se quitaron la vida a cambio de no ser reclutados por grupos armados tales como las Autodefensas Gaitanistas, las del narcomenudeo en los barrios populares de las grandes urbes y las que están levantando negocios de minería ilegal en la ruralidad?
¡Por Dios, si eso no es suficiente para abrir un proceso ante la CPI entonces no sé qué lo sea!
Una cosa es la irresponsabilidad del embajador en sus pronunciaciones ante los crímenes que ha cometido el régimen de Maduro y otra es que el diario se manifieste con estas interrogaciones, las cuales dejan ver cuál es la apuesta por la verdad, la memoria, la no repetición y la reconciliación de este medio de comunicación con la historia de nuestro país.