La laicidad también protege la fe

Durante años se nos ha presentado una disyuntiva al defender la religión o defender el Estado laico. Es un error. La laicidad no fue concebida para expulsar a Dios de la sociedad, sino para impedir que el Estado decida, en nombre de Dios, quién tiene la verdad y cómo deben vivir los demás. Gobernar con un libro sagrado debajo del brazo es un acto peligroso para la democracia.

No obstante, las religiones tienen un lugar legítimo en la democracia. Han construido redes de solidaridad, hospitales, escuelas y organizaciones comunitarias; también ofrecen lenguajes morales que recuerdan que la política no puede reducirse a crecimiento, eficiencia o votos. Un creyente no debe dejar sus convicciones en la puerta del Congreso ni de la urna. Pedírselo sería tan antidemocrático como excluir de la política a quien no profesa ninguna fe.

El problema comienza cuando una convicción religiosa deja de ser una voz dentro del debate democrático y pretende convertirse en una regla obligatoria para todos. Esa frontera merece especial atención hoy en Colombia. El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, hizo de su fe un componente visible de la campaña, afirmó haber puesto “primero a Dios” y describió la competencia electoral como una “guerra espiritual”. También se promovió desde su entorno la idea de devolver la religión a las aulas. Nada de esto convierte automáticamente al país en un Estado confesional, y sería injusto juzgar un gobierno apenas iniciado por políticas que todavía no ha ejecutado. Pero sí obliga a formular una pregunta democrática esencial: ¿hasta dónde llegará la fe personal del gobernante y dónde comenzará la neutralidad que le exige el Estado?

La preocupación tampoco es exclusivamente colombiana. Sectores de la nueva derecha latinoamericana han encontrado en determinadas iglesias y discursos religiosos una poderosa identidad política, especialmente alrededor del aborto, la educación sexual, la familia o los derechos de las minorías. Es completamente legítimo que un ciudadano vote de acuerdo con esas convicciones. Lo que resulta peligroso es que una mayoría electoral confunda haber ganado una elección con haber obtenido el derecho a imponer una moral religiosa como ley común.

La evidencia internacional aconseja prudencia. El Pew Research Center encuentra restricciones severas a la libertad religiosa en países muy distintos entre sí, algunos subordinan derechos y normas a doctrinas religiosas; otros, restringen la religión desde un Estado fuertemente controlador. La lección es importante: el problema no es únicamente la religión en el poder. Es que el poder se arrogue la facultad de decidir qué debe creer la sociedad.

Colombia escogió otra ruta en 1991. La Constitución garantiza la libertad de conciencia y de cultos y pone a todas las confesiones en igualdad ante la ley. La Corte Constitucional ha sido todavía más clara: un Estado laico no es un Estado ateo ni enemigo de la religión. Debe proteger la fe, precisamente porque no puede privilegiar una sobre las demás.

Por eso la pregunta no es si queremos más o menos religión en la política. Es si aceptamos que alguien viva plenamente conforme a su fe sin que el Estado obligue a los demás a vivir de acuerdo con ella.

Ese límite protege al ateo, al católico, al evangélico, al judío, al musulmán y a quien todavía duda. También protege a las iglesias. Porque una fe que necesita del poder para imponerse corre el riesgo de convertirse en instrumento político; y un Estado que necesita una verdad religiosa para gobernar deja de pertenecer por igual a todos.

Cristian Darío Castillo Robayo

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