A comienzos de este año, los señalamientos a las jugadas polémicas que involucran el arbitraje colombiano evidencian la incoherencia en las decisiones de los árbitros y el VAR. El partido entre Envigado y América de Cali es un claro ejemplo de ello.
En el minuto 90 del encuentro, el VAR, representado por Heider Castro, le comunica a Ferney Trujillo una supuesta sujeción dentro del área, que se sancionó como penal y le obsequió el empate al cuadro naranja.
Ante esta situación, correspondiente a la séptima fecha del rentado local, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo vallecaucano, declaró que “es un atraco. El arbitraje estuvo perverso. Mandaremos una carta a la Dimayor quejándonos, vetando al VAR y al árbitro. No queremos sufrir más atracos de estos individuos”. Aspecto por el cual el 8 de mayo, Blu Radio informó que, tras sus fuertes declaraciones, Tulio Gómez fue sancionado por el Comité Disciplinario de la Dimayor, por lo que no podrá ejercer actividades futbolísticas en los próximos tres meses y deberá pagar una multa de más de $28′600.000.
Estos cuestionamientos han generado dudas sobre la transparencia del campeonato colombiano, a lo que se suman las recientes investigaciones sobre la presunta incidencia de algunos jugadores en los resultados por cuenta de apuestas ilegales. Por ejemplo, César Guzmán, presidente de Patriotas Boyacá, confesó ante la FCF y la Dimayor en Blog deportivo, de Blu Radio, que intentaron sobornar a un jugador de su plantel con fines de apuestas. Según Guzmán, “evidentemente el futbolista de Patriotas, en pro de proteger la integridad, le comunicó lo sucedido a su cuerpo técnico, de ahí al directivo y nosotros a quien correspondía. Eso fue lo que pasó”. De hecho, agregó que hay un jugador de otro equipo involucrado y que ya había sido informado el respectivo presidente de ese club.
Recientemente, también salió a la luz el caso de Unión Magdalena, donde ocho de sus jugadores fueron apartados por presuntas apuestas ilegales. Los partidos que son investigados corresponden a cuando los samarios militaban en primera división. Es evidente que el arbitraje colombiano enfrenta una crisis de credibilidad y profesionalismo. Un aspecto que aporta al problema es la falta de profesionalización del arbitraje nacional. El proceso formal de profesionalizarse implica dedicarse a tiempo completo, con un salario fijo, una afiliación al sistema de seguridad social y tener todas las garantías que debe tener un trabajador en Colombia.
Es urgente una reforma profunda en el fútbol en Colombia, que incluya la profesionalización de los jueces, la implementación de mecanismos de control y transparencia, y los vínculos entre el fútbol y las apuestas ilegales.
Si bien el fútbol es una “empresa” manejada por capitales privados, es un deporte de incidencia pública, en el que muchos aficionados sacrifican tiempo y dinero para abonarse, y pagar entradas a los estadios y suscripciones mensuales a canales o plataformas privadas.
Los hinchas, el activo más valioso del fútbol, merecen un espectáculo en el que se garantice la honestidad y la transparencia. Si los dirigentes y el cuerpo arbitral no encuentran soluciones a esta problemática, podría haber repercusiones de alto alcance que perjudicarían el buen ambiente futbolístico en Colombia.
Es hora de que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) asuman una posición de grandeza y digan la verdad sobre lo que ocurre: insisto, su capital es privado, pero su impacto es público.
También, la Fiscalía General de la Nación debe asumir una investigación profunda que devele lo que ocurre por cuenta de las apuestas y su relación con algunas personas ligadas al fútbol.
Ahora bien, es válido preguntarse: ¿es pertinente y ético que empresas de apuestas continúen patrocinando equipos de fútbol e incluso la misma liga?, y además ¿cómo podemos estar seguros de que los árbitros no se vean manchados por estas acciones?