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Ya sabemos que Tirofijo y el antiguo Secretariado de las Farc son los responsables de los atroces asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal, el parlamentario Pablo Emilio Guarín y los disidentes de las Farc Hernando Pizarro y José Fedor Rey.
Pero aún nos falta saber quiénes ordenaron matar a los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Quiénes, dentro del Estado y la clase política, fueron cómplices de los magnicidios del candidato Luis Carlos Galán; del ministro de Justicia Rodrigo Lara; del periodista y humorista Jaime Garzón; del director de El Espectador Guillermo Cano; del periodista Jorge Enrique Pulido; del senador Jorge Cristo; del defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez; de los parlamentarios de la Unión Patriótica Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez, Pedro Luis Valencia, Manuel Cepeda, Jairo Bedoya y Octavio Sarmiento; del líder José Antequera; del abogado José Eduardo Umaña y de quién sabe cuántos más que se me escapan de la memoria. Muertos a los cuales hay que sumarles los miles de asesinados en masacres inenarrables, todo ello ocurrido en esos años 80, 90 y la primera década de este siglo, que constituyen una pesadilla macabra a la que no podemos regresar.
En esa lista entra el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, que fue la chispa que encendió la guerra y cuyos autores intelectuales se desconocen aún, 72 años después de ocurrido, todo lo cual no solo demuestra el fracaso de la justicia ordinaria en este país de leyes, sino la imperiosa necesidad que tenemos de cambiar de ruta para no seguir ahogados en el fracaso.
Esa nueva ruta no es otra que consolidar la JEP y la Comisión de la Verdad, las cuales —a diferencia de la justicia ordinaria, donde los pleitos, si es que se resuelven, duran hasta 20 o 30 años— ya han comenzado a dar frutos, como se ha visto en la carta del antiguo Secretariado de las Farc donde asumen la responsabilidad por los secuestros y se avergüenzan de ellos, en el reconocimiento que hicieron de los crímenes mencionados arriba y en avances logrados en los procesos de falsos positivos y reclutamiento de menores de edad.
Pero aún falta mucho. Y lo que más falta, aun cuando suene extraño decirlo, es que a los otros actores del conflicto, los paramilitares, les permitan decir la verdad. Empezando por Salvatore Mancuso, responsable de tantos asesinatos y guardián de tantos secretos, que quiere hablar ante la JEP y la Comisión de la Verdad, como se lo dijo en una carta a Álvaro Leyva. Solo pide a cambio que haya garantías de seguridad para él y su familia. Y parece que Jorge 40 y otros también quieren hacerlo.
Es un deber del presidente Duque propiciar que los paramilitares también digan la verdad. Porque este país, más que justicia, lo que necesita es verdad, para que sepamos cuáles fueron los caminos que nos llevaron a esa guerra absurda y entender qué debemos hacer para no repetirla.
Por eso es muy importante impulsar el Movimiento por la Verdad que plantea Álvaro Leyva. Porque todos los actores del conflicto deben decir la verdad, así sea tan dura y dolorosa como la dicha por los autores del asesinato de Álvaro Gómez.
Decir las distintas verdades, escucharlas y asimilarlas es el único camino que tenemos para superar el conflicto. Después de hacerlo, nos sentiremos livianos. Después de saberlas, poco a poco, dejaremos de estar anclados en el odio… y en la guerra.