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La Comisión Primera del Senado aprobó este miércoles en primer debate un proyecto de acto legislativo, es decir, que implica modificar la Constitución, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos, y reivindica el derecho a la tierra y la territorialidad campesina.
La iniciativa, aprobada con 10 votos a favor, reconoce también el uso de las semillas y la inclusión del campesinado en la toma de decisiones sobre sus territorios y el desarrollo del Estado.
Sus autores, los senadores Alexander López y Alberto Castilla (Polo Democrático), recordaron una acción de tutela presentada por más de 1.700 campesinos que logró que la Corte Suprema de Justicia emitiera una sentencia en 2018 en la que ordenó al Estado “implementar medidas para censar e identificar la situación actual de la población campesina y apoyar la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas públicas a su favor.”
Por cuenta de ello, en 2019 se censó al campesinado y en 2020 se divulgaron los resultados de la Encuesta Nacional Agraria, que identificó el 31 % de la población se reconoce como campesina. “Tras años de desconocimiento y tras las cifras reveladas, es evidente que no ha existido una política pública que desarrolle los derechos del campesinado”, explicaron.
Los autores agregaron que con el proyecto se busca corregir el vacío que dejó que, durante las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, los campesinos no contaran con representantes, pues “la Registraduría de la época invalidó las firmas con la que representantes campesinos pretendían tener asiento, lo cual originó el desconocimiento del campesinado en la Constitución de 1991 y la estigmatización de los movimientos campesinos”.
Según López, el objetivo es saldar una deuda histórica con el campesinado que ha sido desplazado de su territorio, ha sido estigmatizado por sectores políticos y económicos, y ha sido condenado a la miseria.
“Hoy, una vaca tiene más terreno para pastar que una familia campesina. Solo el 18% de la tierra en Colombia tiene aval para ser cultivada, de 50′102.269 de hectáreas, 39 millones pertenecen a actividades pecuarias; 5,1 millones para los bosques; 4,6 millones para los agrícolas y otros usos”, explicó.
“Aquí todos tienen derechos menos los campesinos. Tienen derechos incluso los bandidos que usaron el dinero del agro para favorecer a terratenientes, reinas de belleza y grandes poderes económicos. Hoy, a pesar de ser el primer debate de ocho, se generó un antecedente histórico y es el hecho de que las mayorías en el Congreso respaldan el reconocimiento constitucional del campesinado”, agregó.