Durante su primera semana de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella firmó las resoluciones ejecutivas a través del Ministerio de Justicia que autorizan la extradición de cinco personas que eran pedidas por la justicia de varias naciones debido a que adelantaban investigaciones en su contra.
Desde la resolución ejecutiva 308 a la 312 de 2026, firmada por el mandatario, se autoriza el traslado de Diego Alberto Londoño, Armando Luis Suárez, Jorge Luis Mojica, Roderick Aldair Morales y Didier Ignacio García.
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El primero de los casos es el de Diego Alberto Londoño, quien será enviado a Perú, debido a que ese país lo solicitó por el delito de tráfico de drogas ilícitas agravado. La aprobación de la extradición, según la resolución, se hace debido a que no se encuentra requerido por las autoridades judiciales colombianas y su captura obedece a fines de extradición.
Estados Unidos solicitó la entrega de dos colombianos por varios delitos. Armando Luis Suárez Calvo será extraditado para ser juzgado en ese país por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos. Mientras que Didier Ignacio García Rodríguez es pedido por esa nación, pues debe comparecer a juicio por los presuntos delitos de concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir 5 kg o más de cocaína para importarla a EE.UU.
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Otro de los casos es el de Jorge Luis Mojica Ortiz, un ciudadano dominicano-colombiano, pedido por República Dominicana para ser juzgado por el delito de violación sexual en perjuicio de un menor de edad. Y Roderick Aldair Morales Delgado, quien será trasladado a Panamá para rendir cuentas por estar presuntamente relacionado con el delito de homicidio agravado, en grado de tentativa.
Estas acciones van en la línea del presidente De la Espriella de cambiar la forma de tramitar la criminalidad en el país en su mandato. Un gesto que viene después de que el mismo día en que se posesionó, varios reclusos que se encontraban en la cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia) fueran trasladados hacia otras cárceles del país.
Esa resolución para trasladar a los jefes criminales que estarían asociados a la estructura conocida como “Oficina de Envigado” que habrían participado en el llamado “tarimazo” que se realizó el 21 de junio de 2025 cuando el entonces presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a un evento de apoyo en La Alpujarra, en Medellín. Hasta ese centro administrativo de la ciudad llegaron nueve jefes criminales y voceros en el espacio de diálogo sociojurídico que el gobierno adelanta con las bandas criminales de Medellín.
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Por Nicolás Torres García
