27 Aug 2019 - 5:26 p. m.

Acorralada del Gobierno a Chacón por proposición en proyecto anticorrupción

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, aseguró que si la Cámara aprueba la proposición que pide eliminar el punto obliga a hacer público los negocios familiares de los congresistas, el Gobierno pedirá hundir la iniciativa.

-Redacción Política

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, puso en jaque las intenciones de Alejandro Carlos Chacón, representante a la Cámara, sobre el proyecto anticorrupción del Gobierno. La iniciativa, que entre otras cosas busca el endurecimiento de penas y eliminar la casa por cárcel para los corruptos, ha tenido un trámite complicado y lento en la Cámara de Representantes, sobretodo por la proposición que incluyó en el proyecto el legislador Chacón. 

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En ella, el congresista pide eliminar el artículo dos del proyecto, el cual obligaría a los miembros del Capitolio, una vez posesionados, hagan públicos sus intereses económicos y su participación en sociedades y la de sus familias. La sugerencia tuvo el pasado lunes más de 40 apoyos legislativos. Ante la alerta que causó, la jugada de la ministra fue una acorralada contundente para ejercer presión sobre Chacón: si el representante no elimina dicha proposición, el Gobierno retiraría la totalidad del proyecto. Es decir, o se respeta el articulado tal cual fue presentado, o mejor se hunde. 

“No hay posibilidad de aceptar que se pueda modificar este artículo, porque lo que hace es sellar la posibilidad de que haya publicidad absoluta, que sea digitalizada la expresión de los conflictos de intereses de todos los congresistas y que sea de fácil acceso. Es el artículo más importante del proyecto y el Gobierno le explicará a la Cámara esto”, dijo Gutiérrez, en entrevista con W Radio. 

Y añadió: “Si no se vota el proyecto en integridad, de lo contrario no vale la pena. Actualmente, el registro de conflicto de intereses se lleva en un cuaderno que está restringido y que nadie consulta”. De esa manera, la ministra tumbó el argumento de Chacón en el que insistía que esa disposición ya existía. Lo cierto es que aunque Chacón tiene razón en ello, dicho registro no es público y con el proyecto se revelaría una buena cantidad de información de los congresistas, los negocios de sus familiares y sus propiedades, para ejercer correctamente el deber de veeduría sobre su labor.  

De igual forma lo consideró Gabriel Santos, representante del Centro Democrático. “El punto busca ampliar la información de las actividades de los familiares al tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Quitar ese artículo sería promover un proyecto que solo beneficia a los congresistas porque hace más sencillo el trámite de los conflictos de interés, pero en nada a los ciudadanos de a pie”, dijo. Sin ese punto, Santos aseguró que el proyecto sería más una máscara que se hace pasar por una iniciativa anticorrupción, más que un seria herramienta para vigilar al Legislativo. 

Y, entre esas fuerzas que respaldan la iniciativa sin modificaciones de ese calibre, está la voz de Juanita Goebertus, de la Alianza Verde. “Ese artículo es el único avance del proyecto en mayor transparencia. Ninguno de los otros puntos del proyecto desarrolla la consulta anticorrupción”, afirmó. 

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Así las cosas, la discusión vuelve a ser el caballito de batalla y la prueba de fuego de los congresistas que pongan en riesgo el hundimiento total del proyecto, a cuestas de una proposición. 

Y pone, sobre todo, a Chacón entre la espada y la pared: en el último naufragio que vivió uno de los proyectos anticorrupción, los ojos estuvieron puestos sobre el liberal, quien en ese momento era el presidente de la Cámara. Más de una voz señaló bajo cuerda a Chacón como el responsable de mover las fichas para causar el  “malentendido” sobre el designado a conciliar los informes que tenían sobre el proyecto las corporaciones, en la legislatura pasada. 

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En todo caso, no será un debate fácil. La coyuntura es, justamente, la de qué pasará con las iniciativas anticorrupción. A un año de la Consulta Anticorrupción realizada por la Alianza Verde, son casi 12 millones de personas las que votaron por hacer cumplir los mandatos que en esa se incluían y que hoy siguen en veremos. Como registró este diario hace poco, el balance es agrio, dado a que solo una de los siete puntos ha sido aprobado en el Congreso, cuatro se hundieron (entre ellas la de bajarle el salario a los congresistas) y el resto sigue en trámite. Así que lo que decidan los representantes frente a la proposición de Chacón dará un veredicto más sobre su gestión y real intención de combatir la corrupción. 

*La plenaria de la Cámara discutirá el proyecto este martes 27 de agosto, desde las 2:00 de la tarde.

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