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La Registraduría Nacional del Estado Civil admitió la inscripción de un comité que busca derogar el acuerdo de paz con las Farc, firmado en noviembre de 2016. Así quedó registrado en la resolución 9509 del 5 de agosto de 2025.
Con ese acto, quedó inscrito el comité “Referendo derogatorio del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de la Paz Total”. De acuerdo con la resolución, la inscripción arrancó el pasado 29 de julio, cuando a la Registraduría llegó la solicitud de inscripción.
Para que el comité llegue a las urnas, primero deberá recolectar el 5% del censo electoral. Para el 5 de agosto pasado, según la Registraduría, este es de 41.135.609 personas. Es decir, la iniciativa -solo para convertirse en un llamado a urnas- necesita de 2.056.780 firmas. Si consigue ese número total de firmas, a las urnas tendría que salir el 25% del censo electoral, es decir, unas 10,28 millones de personas.
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El comité tiene como vocero a Julián Alberto Rocha Aristizábal, un abogado que, en sus redes sociales, se identifica como cercano al Movimiento de Salvación Nacional. “Para todos los efectos legales, el vocero de la iniciativa será el responsable de las actividades administrativas, financieras, de campaña de la iniciativa, así como la vocería durante el presente trámite”, señala la Registraduría.
De hecho, Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, aseguró que “Julián Rocha ha sido candidato y militante de Salvación Nacional”. Sobre la propuesta, aunque no respondió si el partido la financia de una u otra manera, aseguró que “la respaldamos. Como víctima me consta la inoperancia de la JEP y una parte de los desmovilizados siguen esperando que les resuelva su situación jurídica. Creemos que tiene viabilidad constitucional y pertinencia política”.
Rocha Aristizábal es el mismo abogado que demandó la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del sombrero de Carlos Pizarro Leongómez. El recurso fue admitido por el Consejo de Estado.
Sobre el por qué del referendo, Rocha respondió que “los acuerdos, como política pública, han sido un fracaso, la paz total ha sido un fracaso. No hemos tenido verdad ni justicia ni reparación. Colombia ha hecho su mayor esfuerzo por aguantar. Sin embargo, hoy tenemos a un líder de oposición muerto, a un líder de ese partido preso, con un juicio más político que jurídico. Y vemos a los más grandes perpetradores de la violencia completamente impunes, aun cuando se prometió algo diferente. Es un esfuerzo de enmendar el camino para sacar de la ley y de la Constitución, para reversar todas estas arbitrariedades”.
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A la pregunta de para qué reversar un acuerdo de paz que en el plano internacional ha sido reconocido como un éxito en procesos similares, Rocha afirmó: “Lamento que internacionalmente tengan tanto apoyo, porque internamente no lo tienen. La comunidad internacional tiene la posibilidad de copiar nuestros errores, pero el pueblo colombiano tiene la libertad y la capacidad de enmendarlos. A diferencia de lo que dicen, la implementación de los acuerdos fue un fracaso institucional y presupuestal”.
En cuanto a la financiación para la recolección de los más de dos millones de firmas que necesita, explicó que proviene de “nuestra iniciativa es ciudadana. Yo no hago parte del Centro Democrático en la actualidad, fui miembro en 2016, cuando hicimos campaña por el No al plebiscito. Es una iniciativa ciudadana, no tengo apoyo de nadie, no tengo respaldo financiero ni económico de nadie. Respetaremos los topes de financiación. Y vamos a jugar las reglas del Estado de Derecho en democracia”.
Esta es la resolución:
El presente del acuerdo de paz
El acuerdo de paz fue un proceso que se desarrolló durante el Gobierno de Juan Manuel Santos -entre 2012 y 2016-. En octubre de ese año, después de finalizadas las conversaciones, el Ejecutivo convocó al plebiscito. Sin embargo, el 2 de octubre, el No se impuso con el 50,21% frente al Sí que obtuvo 49,79%.
En todo caso, en ese momento inició un proceso de renegociación que resultó en la firma del acuerdo en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016.
En el lapso de estos nueve años, como relató Naciones Unidas en un reciente informe, el acuerdo de paz sí ha tenido logros. Por ejemplo, la entrega de 9.000 armas para su destrucción y 12.000 excombatientes (27 % mujeres) vinculadas formalmente a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) en proceso de reincorporación. También resaltó la reincorporación política con Comunes, el partido que nació de las Farc y que, desde 2018 hasta 2026, tiene garantizadas diez curules en el Congreso (cinco en Senado y cinco en Cámara).
Ahora, también hay retos como la implementación del capítulo de Reforma Rural Integral, que, según el Ministerio de Agricultura, para febrero de 2025 iba en un 6% de la meta de tres millones. La formalización de la tenencia de la tierra llegó al 45,9% del objetivo de 7 millones. La mayoría de la adjudicación (94%) y formalización (43,6%) ha ocurrido durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
También ha habido retos con la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, creado por el acuerdo. Y la violencia en contra de los excombatientes es otro asterisco: desde la firma del Acuerdo de Paz, 460 excombatientes han sido asesinados.
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