Usted ha liderado desde Comunes el proceso de reincorporación de los firmantes de paz. ¿Qué tanto ponen en jaque al proceso los anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella?
El Acuerdo de Paz fue una decisión histórica que transformó a Colombia. Permitió detener la victimización de la ciudadanía en los territorios del conflicto y cerrar un ciclo de más de medio siglo de confrontación armada para abrirle paso a la solución de las diferencias políticas en el marco de la democracia. Llevamos diez años de implementación y un nivel de cumplimiento de compromisos de los firmantes del 85 por ciento. Niveles de permanencia comparables, en procesos de reincorporación, no ha habido en ningún otro proceso de paz en el mundo. Eso, más que respuesta al resultado de las acciones del Estado y de los gobiernos, se debe a la decisión política de miles de hombres y mujeres que dejaron las armas y optaron por la vía de la construcción de un país distinto. Hombres y mujeres que tomaron una decisión tienen un compromiso político con la paz.
Diez años después de la firma, ¿qué tan sólida es la reincorporación y qué tanto sigue dependiendo de la gestión del Estado?
Debemos entender que estos diez años son poco frente a 50 o 60 años de confrontación armada en los territorios, pero también que ha habido dificultades en el desempeño de las responsabilidades del Estado. La reincorporación aún depende de respuestas efectivas de los gobiernos. Sin desconocer esfuerzos de gobiernos anteriores, incluyendo el de Iván Duque, que se posicionó con la consigna de hacer trizas el acuerdo, gran parte de esa reincorporación la ha sostenido la comunidad internacional.
Ahora enfrentamos grandes retos en torno a no retroceder en la implementación, reconociendo avances básicos en temas de tierras, vivienda y fortalecimiento de proyectos productivos, los retos siguen siendo enormes. El gobierno que termina generó un daño gravísimo en temas de seguridad de los firmantes, pues los decretos 019 y 020 estuvieron dirigidos a desmontar la institucionalidad establecida para la protección de los firmantes en la Unidad Nacional de Protección. De igual manera, se desmontó la arquitectura de la implementación al establecer la Unidad de Implementación, que no tiene ninguna capacidad de acción, y desarticular la Alta Consejería para la Implementación. No obstante, esas dificultades son gajes de un proceso que ha valido la pena.
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A propósito de la institucionalidad, el presidente electo ha expresado desmontar parte de la arquitectura institucional de paz para sustituirla por una estructura concentrada en seguridad. ¿Cómo reaccionan a esa idea?
Nosotros todavía estamos a la espera de las acciones efectivas que pueda asumir el gobierno. Desde la firma, cada presidente ha entrado con iniciativas, pero el Estado también ha demostrado tener seguros para proteger la institucionalidad. En lo que concierne al Acuerdo de 2016, hace parte del bloque constitucional y con alcance internacional como Acuerdo Especial y el respaldo de las Naciones Unidas. Eso hace que el acuerdo tenga mucho acompañamiento. El 15 de julio, en la última sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el embajador de Estados Unidos ante ese ente planteó que había que fortalecer los temas de seguridad, para lo cual propuso destinar recursos para fortalecer la presencia estatal en las zonas de conflicto. Que debe incluir presencia de policías, fiscales, jueces, por un lado, y promover acceso a los mercados de quienes están en esos territorios para mejorar sus oportunidades económicas, y terminó diciendo que “Continuamos instando al Gobierno de Colombia a que priorice la implementación integral y expedita de sus compromisos en virtud del Acuerdo de Paz.
Dadas las posturas del presidente electo, ¿no está siendo usted muy optimista?
Hay elementos del acuerdo que institucionalmente están consagrados y que son reconocidos por sectores mayoritarios de la comunidad internacional. A pesar de que Estados Unidos haya tenido la iniciativa de reducir la capacidad de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el representante permanente de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, Mike Walz, aseguró hace unos días que su país está comprometido con la paz en nuestro país y que continuarán convocando al gobierno de nuestro país a priorizar la implementación integral y expedita de sus compromisos en virtud del Acuerdo, especialmente aquellos relacionados con la seguridad, la inversión en infraestructura como parte de la solución permanente al narcoterrorismo y la inseguridad en Colombia.
Si bien hay preocupaciones frente a las decisiones políticas que pueden afectar el cumplimiento del acuerdo, también hay reservas democráticas que protegen la paz y que se deben a una institucionalidad fuerte que ha demostrado posibilidades de mantenerse. Hay que darle algo de tiempo al nuevo gobierno para demostrar hasta dónde va su discurso de campaña y hasta dónde asumen la condición de gobernante y estadista.
Si bien la comunidad internacional es clave para salvaguardar el acuerdo, cambios recientes en la Misión de Verificación la han hecho menos visible. En la sesión del 15 de julio, el nuevo jefe de la Misión, Miroslav Jenca, no mencionó las declaraciones del nuevo gobierno sobre desmontar la JEP o encarcelar a Rodrigo Londoño. ¿No implica eso un debilitamiento de los canales diplomáticos de la paz?
Entendemos que el nuevo jefe de la Misión está conociendo el país y el estado de la implementación del Acuerdo y que tal vez por eso no se le ha visto un protagonismo más activo y público en su defensa. Pero sí, esperamos una estrategia más sostenida de apoyo ante actores nacionales e instituciones de Estado, por un lado, y una mayor coordinación con el resto de la comunidad internacional, por el otro. En ocasiones anteriores de cambio de gobierno la Misión ha sido muy activa observando la continuidad de la implementación. Confiamos en que, ante la salida de Raúl Rosende, quien llevaba años como representante adjunto liderando el cuidado internacional del Acuerdo, y la llegada de la jefa adjunta de la Misión, Claudia Mojica, la Misión pueda mantener su capacidad de acción. Ella estuvo en La Habana, en la etapa inicial de la negociación y ha mostrado ser una diplomática con experiencia para aportar a la implementación.
¿No le preocupan las declaraciones del presidente electo frente a la JEP y a Rodrigo Londoño? ¿De qué manera ese discurso es percibido por la mayoría de firmantes y cómo mantener la confianza de los reincorporados en la implementación?
En los temas de seguridad también hay que considerar la fuerza institucional de lo acordado. Si el Gobierno decide promover un discurso de desconocimiento a la institucionalidad, seguramente se van a dar profundos debates jurídicos y hasta penales, promovidos por estamentos políticos y sociales a nivel local, nacional e internacional. No se trata de los ataques a Rodrigo Londoño, sino de los ataques a la institucionalidad, porque en Colombia no se firmó un acuerdo de paz por debajo de la mesa, sino uno que pasó por todos los procedimientos e instancias institucionales, incluyendo el Congreso y la Corte Constitucional, por ejemplo, que avalaron términos específicos de justicia para que no haya impunidad .
No obstante, pareciera que el discurso del nuevo gobierno buscara la impunidad; es decir, que la JEP no avance y no siga develando verdades en torno a la manera como el Estado también ha ejercido, en múltiples ocasiones, la violencia y cómo, también, sectores sociales específicos han participado de ella para defender privilegios. Me parece que los ataques que ha hecho el mandatario entrante a la institucionalidad del acuerdo son para ocultar esos temas y para que las víctimas no puedan conocer la verdad de la violencia de este país y cómo muchos sectores se han enriquecido ilegítimamente a través de ella.
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Otro de los focos de ataque del nuevo presidente ha sido la JEP, el corazón del acuerdo. ¿Considera que la justicia transicional ya alcanzó un punto de consolidación institucional o todavía podría verse debilitada?
La JEP avanza en decidir y presentar las condenas, las sanciones a todos los que estamos participando como procesados o comparecientes. Estamos cerca de que termine ese proceso frente a acciones de exintegrantes de las FARC y militares involucrados. Pero la JEP tiene un debate pendiente que muchos quieren cancelar antes de que la sociedad pueda retomarlo: ¿Qué debe hacer la justicia transicional frente a terceros involucrados en el conflicto?
¿Confía en que los sectores políticos no se acomoden en ese discurso contra el acuerdo de paz?
Los ataques a Rodrigo Londoño son propios de una campaña electoral, pero también pueden enmarcarse en la lógica de generar emociones contra quienes están actuando en el marco institucional, y generar impunidad para responsables que no han admitido sus crímenes, tal vez como lo plantea el viejo refrán que, “cojan al ladrón, grita el ladrón”. Repito que hay unas instituciones en las que se puede confiar. La Corte Constitucional ha establecido muchas claridades respecto a la seguridad de los firmantes. Así lo hizo cuando en 2022 declaró el Estado de Cosas inconstitucional en materia de garantías de seguridad para las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz. O cuando en 2025 señaló que las entidades encargadas de monitorear el Acuerdo deben respetar estándares constitucionales de transparencia, trazabilidad y participación.
En plata blanca, ha habido un sustento institucional que ha mantenido viva la esencia del acuerdo. El gobierno de Duque perdió mucho tiempo con sus objeciones a la JEP a las que se opuso el Congreso. Y hay parlamentarios que, independientemente de su partido, hoy son conscientes de la necesidad de paz en sus territorios. Hoy sigue habiendo factores de violencia, pero no al nivel que existían cuando el Estado se confrontaba con las antiguas FARC.
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Internamente, ¿cómo están manejando la incertidumbre para los 12.000 firmantes que se mantienen en el proceso?
No hay que olvidar que los actores armados en los territorios han elevado su hostigamiento para reclutar firmantes con ofertas jugosas en recursos de acuerdo con la experiencia que la gente tuvo en el conflicto. Esa es una primera situación que hemos venido enfrentando en los territorios, apoyándonos en los liderazgos históricos, así como con quienes fuimos integrantes del último secretariado de las extintas FARC y hoy nos mantenemos firmes por la paz.
En los últimos diez años hemos insistido en un mensaje claro a la gente: que la guerra no es el camino y que nosotros no podremos volver atrás. Y frente a la inseguridad de los firmantes, insistimos, como lo dijo Rodrigo Londoño ante la JEP, que, si a él le tocaba ser el reincorporado 501 en ser asesinado, pues lo asumiría. Porque la guerra no solo acaba con la vida de quienes se están enfrentando, sino de todos quienes viven en medio del conflicto. Trabajamos para que el discurso de la violencia no pueda pasar. No nos van a provocar y optamos por el lenguaje de la paz y los actos de la paz.
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Por Lariza Pizano
