Colombia se acerca a una nueva elección presidencial en medio de señales preocupantes sobre el desempeño de su administración pública. Los indicadores del último período muestran alta rotación en los cargos de dirección, baja ejecución presupuestal en sectores estratégicos y un debate inconcluso sobre la distribución de competencias entre niveles de gobierno. Estas condiciones afectan la capacidad del Estado para transformar recursos en resultados, y deberán ser atendidas con urgencia por el próximo gobierno.
Uno de los riesgos más documentados es el de la inestabilidad en el servicio público. Desde agosto de 2022, han rotado 62 ministros —aproximadamente uno cada 19 días— y en ocho de los 19 ministerios ya han pasado cuatro titulares distintos. Más de 124 viceministros han desfilado en el mismo período. La literatura sobre gestión pública señala consistentemente que esta inestabilidad interrumpe la continuidad de las políticas, dificulta la planeación de largo plazo y erosiona las curvas de aprendizaje institucional. No se trata de defender un modelo tecnocrático en particular, sino de reconocer que el Estado necesita acumular conocimiento para funcionar, lo cual se logra mandando señales de un liderazgo visible, claro y estable en las cabezas ministeriales.
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En este contexto, genera inquietud la tendencia a relajar los criterios de idoneidad técnica en cargos de alta responsabilidad. El Decreto 0226 de 2026 modificó los requisitos para nombrar a los superintendentes de Industria y Comercio, Financiero y de Sociedades, eliminando las condiciones específicas de formación y experiencia sectorial establecidas desde 2015 con base en recomendaciones de la OCDE. La norma amplía la discrecionalidad del Ejecutivo en la designación. El debate entre confianza política e idoneidad técnica, promovido con tanta vehemencia por el actual Gobierno, es legítimo, pero merece darse con evidencia sobre sus efectos en la calidad de la regulación.
La baja ejecución presupuestal es, en parte, reflejo de estas tensiones. Un Estado que renueva constantemente sus equipos directivos tiene mayores dificultades para sostener planes de mediano plazo. A ello se suma la tensión entre el discurso oficial sobre las modalidades de contratación y la práctica observada: en los primeros 26 días de enero de 2026 se adjudicaron más de 5 900 contratos por 609 mil millones de pesos, la gran mayoría por contratación directa. Estos patrones plantean preguntas sobre la coherencia entre los principios enunciados y las decisiones concretas de gestión.
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El reto más estructural que heredará el próximo gobierno es el de la descentralización inconclusa. Una investigación de 2024 de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y la Federación Nacional de Departamentos muestra que la descentralización mejoró coberturas en salud y educación, pero no cerró brechas de calidad ni reconoció las diferencias en capacidad entre territorios. Municipios y departamentos perciben que sus competencias no siempre están acompañadas de los recursos para ejecutarlas. La reforma al Sistema General de Participaciones podría ser un avance fiscal, pero sin fortalecer capacidades territoriales ni haber aprobado la Ley de Competencias (aún en etapa inicial del trámite legislativo) que clarifica roles entre niveles de gobierno, los recursos adicionales corren el riesgo de replicar los problemas existentes a mayor escala.
El debate sobre administración pública y descentralización no suele generar titulares, pero determina si las demás promesas de campaña son realizables y si existen condiciones reales para que la gestión pública colombiana opere bajo principios de eficiencia, transparencia y equidad. Preguntas como quién hace qué en el Estado, con qué capacidades y bajo qué criterios de permanencia, merecen un lugar central en la discusión electoral. El próximo gobierno recibirá un Estado con capacidades institucionales debilitadas: reconocerlo es el primer paso para empezar a reconstruirlas.
*Los autores son profesores de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
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