Advertencias de la Defensoría

Si bien el riesgo respecto a las elecciones presidenciales del próximo domingo es menor al de los comicios de hace cuatro años, el defensor del pueblo, Vólmar Pérez, advirtió que 82 municipios de 19 departamentos colombianos son vulnerables a la ocurrencia de hechos violentos.

Según la Defensoría del Pueblo, los mayores riesgos se presentan principalmente por parte de las Farc, que podrían interferir en 78 municipios. No obstante, 52   están en riesgo con los grupos armados posdesmovilización de las autodefensas. Concretamente, las ‘Águilas Negras’, ‘Los Paisas’, ‘Los Rastrojos’, el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia y Autodefensas Gaitanistas.

Además de los autores que podrían sabotear la jornada, en la investigación también se indagó acerca de los métodos de ataque, de acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas, que podrían presentarse: con explosivos, hostigamientos a poblaciones, atentados, francotiradores, siembra de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados. Y las posibles amenazas son paros armados, enfrentamientos y restricciones a la libre movilidad.

Por esta razón, Pérez entregó el primer informe de riesgos a la Fuerza Pública para que se previnieran los posibles ataques en las elecciones. En consecuencia, se supone que habrá especial atención en la Costa Atlántica, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Meta, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, donde pueden presentarse alteraciones del orden público. “Ello no significa que en los municipios reseñados por el informe no se puedan realizar las elecciones, sino que busca visibilizar la posible ocurrencia de los actos que puedan afectar la realización de los comicios”, agregó el Defensor.

A juicio del funcionario, estos informes de riesgo están contribuyendo a que se adopten medidas oportunas y adecuadas. Por ejemplo, en las pasadas elecciones legislativas hubo acciones violentas en 35 de los 244 municipios en riesgo alto, lo que para Pérez significa mejores condiciones de la presencia de seguridad en el conjunto de las 1.100 poblaciones del país.

En medio del mencionado escenario, algunas de las recomendaciones del Defensor del Pueblo son: coordinar a la Fuerza Pública en los municipios identificados de riesgo. A la Registraduría y a la Comisión de Coordinación y Seguimiento de procesos electorales a aplicar los protocolos de seguridad para el traslado de las urnas a las mesas de votación. A la Fiscalía y a la Procuraduría a adelantar investigaciones para sancionar a quienes incurran en fraude y actos de constreñimiento al sufragante.