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La implementación de la ley 2468 de 2025, que modifica el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), objetada por el presidente Gustavo Petro y sancionada en junio por el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda, sigue generando dudas entre alcaldes, gobernadores y funcionarios del Ejecutivo.
Además de la modificación que estableció que los 1.102 municipios del país, y de paso algunos hospitales y colegios públicos, tendrán que destinar al Fonpet el 10 % de los ingresos corrientes de libre destinación, lo que dejaría un saldo en rojo con el Estado que se acerca a los $50 billones, la ley genera incertidumbre sobre el funcionamiento mismo del fondo.
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Como lo contó El Espectador, la norma pondría en riesgo la existencia y operatividad del Fonpet por dos razones concretas. La primera es el permiso para que entidades territoriales que hayan cubierto su pasivo retiren recursos del fondo para inversión. Según voces en el interior de la entidad, no está bien que se destinen recursos del sistema de seguridad social a otros fines.
“Si se presenta un desahorro del Fondo, la Nación tendría que entrar a asumir el pago de dichos pasivos, lo que implica una afectación directa al Presupuesto General de la Nación. Por este motivo, la estructura anterior del Fonpet permitía garantizar una adecuada provisión de dicho pasivo pensional sin que ello afectara las finanzas públicas”, se lee en la demanda que la semana pasada presentó el Ministerio de Hacienda contra la ley.
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Por otra parte, preocupa que en el texto sancionado por Cepeda se señala que solo podrá utilizar el 1 % de los rendimientos (las ganancias) del fondo para su funcionamiento. Ese dinero es el que se utiliza para pagar las fiduciarias que administran los fondos, las auditorías, contratistas y otros servicios, por lo cual se impactaría el funcionamiento en sí del mecanismo
“La situación actual del Fonpet es crítica, porque la mencionada ley lo deja sin recursos suficientes para poder cubrir sus gastos de administración, al reducir el límite de estos gastos del 8 % al 1 % de los rendimientos, lo que implica un impedimento para poder operar”, respondió el Fondo a El Espectador. Los gastos actuales del Fonpet son del 1,39 %; con la reducción, si no hay ganancias –como ocurrió en 2021-2022–, en plata blanca el fondo no podría funcionar.
En el Ministerio de Hacienda hay preocupación porque, según dicen, el Fonpet, creado para resolver una crisis que puso en jaque a las entidades territoriales, podría generar más pasivos y, además, quedar inoperante, pues la norma “conllevaría a la rápida desfinanciación” del Fondo. Ahora el balón está en la Corte Constitucional, que deberá decidir si da la razón al Congreso, que aprobó la ley, o a los alcaldes y al Gobierno, que hoy rechazan la billonaria deuda que no saben cómo pagarán.
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