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2 Dec 2020 - 3:30 p. m.

Alerta por poco avance en cambios estructurales contra la corrupción

En su análisis, Transparencia por Colombia encontró que si bien hay nuevas leyes para hacerle zancadilla a la corrupción, todavía el Gobierno y los políticos no tocan los temas gruesos como lo es la reforma política y la financiación de campañas y partidos.
Compensar recibió recientemente el “Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Anticorrupción” otorgado por Pacto Global Red Colombia y Alliance For Integrity, una iniciativa gestada por primera vez en el país.
Compensar recibió recientemente el “Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Anticorrupción” otorgado por Pacto Global Red Colombia y Alliance For Integrity, una iniciativa gestada por primera vez en el país.
Foto: /Cortesía Compensar.

En un nuevo informe, Transparencia por Colombia alerta que el gobierno del presidente Iván Duque aún tiene tareas pendientes para realizar verdaderos cambios de fondo contra la corrupción. En el documento Segundo Informe de Seguimiento de la Acción Pública del Gobierno Nacional en Materia Anticorrupción, la organización analizó 102 acciones realizadas por el Gobierno entre agosto de 2019 y ese mismo mes en 2020.

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Expresó que si bien hay avances en medidas de carácter técnico, como la creación de ciertas leyes que le hacen zancadilla a los ladrones del erario público, hay un estancamiento a la hora de tratar los problemas estructurales.

Sobre las mejoras que ha impulsado esta administración, Transparencia por Colombia se refirió a varias leyes, como la 2014 del 30 diciembre, que prohíbe la casa por cárcel para los corruptos, o la 2013 de ese mismo año, que obliga a los funcionarios públicos a publicar sus declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses, o la 2022 de 2020, que recoge adopción de pliegos tipo para la contratación pública. Todas estas originadas en la Consulta Anticorrupción realizada en 2018.

Así mismo, consideró como un hecho positivo la puesta en marcha del aplicativo de Control Ciudadano COVID-19 y la creación del Instrumento de Agregración Demanda Emergencia COVID-19, herramientas para visibilizar la contratación pública durante la crisis por la pandemia, y la implementación de la Red Institucional Anticorrupción (RITA), orientada a impulsar las denuncias sobre actos corruptos en las entidades del Estado.

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Sin embargo, indicó que Duque todavía no le pone la lupa a temas de envergadura, como lo son una necesaria reforma política y la forma en que partidos y campañas electorales se financian. A ello, el organismo añadió que tampoco se están tratando los ataques al derecho a la vida, a la libertad de expresión, al acceso a la información pública y la participación ciudadana, indispensables en la democracia y a la hora de ejercer control sobre el poder político.

Para Transparencia por Colombia, el informe demuestra que la corrupción siguió siendo un tema transversal en ese período de análisis, un momento marcado por la protesta social y la atención a la emergencia sanitaria.

“Por un lado, [está] la falta de avances luego de la Consulta Anticorrupción, que fue uno de los temas que motivó la movilización ciudadana del Paro Nacional de noviembre de 2019 y dio paso a la Conversación Nacional; y por otro, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y, junto a otros factores, contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo”, calificó la organización, que en en varias ocasiones ha reiterado el peligro que representa el acaparamiento del poder por parte del presidente y su equipo.

Andrés Hernández, director ejecutivo del organismo, puntualizó que 2020 ha sido un año difícil, agravado por los casos de corrupción. “En este escenario, las medidas técnicas son importantes porque contribuyen mejorar las herramientas para enfrentar la corrupción, aunque no son suficientes”, expuso.

“Resulta necesario abordar de manera más decidida reformas de fondo, varias de las cuales se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo, y seguir fortaleciendo las capacidades del Ejecutivo para prevenir y actuar contra la corrupción, en pleno respeto de la independencia y separación de poderes”, agregó Hernández.

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Según el informe, solo el 34 % de las acciones realizadas por el Ejecutivo “corresponden a iniciativas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo”, y demuestra que es imprescindible que las instancias del Gobierno se articulen entre sí pues “las 102 acciones analizadas involucraron un alto número de dependencias, pero no estuvieron acompañadas de mejoras sustanciales en los mecanismos de coordinación”, comunicó Transparencia por Colombia.

Estos son algunos de los pendientes que son urgentes a tratar, según la organización:

-Retomar y revisar las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y culminar la elaboración de la Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad hacía un Estado Abierto.

- Retomar la iniciativa respecto a una reforma política que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas; y avanzar en la implementación de la Política Criminal Electoral.

- Presentar a la discusión pública el proyecto de nuevo Estatuto de la Contratación Pública anunciado en el marco de la Conversación Nacional, y reducir los regímenes especiales de contratación.

- Continuidad el fortalecimiento de la Agencia Nacional Contratación Colombia Compra Eficiente, y acelerar la consolidación de SECOP II.

- Continuar con el fortalecimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública y fortalecer el control sobre los conflictos de interés en el empleo público.

- Iniciar una apuesta transversal de transparencia presupuestaria estatal, a partir de la publicación de la información clara y completa sobre los recursos para la atención de la Emergencia COVID-19.

- Eliminar las restricciones impuestas por el Decreto 491 de 2020 al derecho de acceso a la información pública, con el fin de garantizar los tiempos de respuesta a solicitudes de información establecidos en la Ley 1712 de 2014.

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