El representante a la Cámara José Daniel López, de Cambio Radical, prendió las alarmas este martes por una resolución que fue aprobada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en diciembre pasado y que dejaría la puerta abierta para que las empresas de prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado incrementen tarifas.
De acuerdo con el congresista, se trata de la Resolución 907 de 2019 que habilitó que estas empresas puedan añadir un nuevo rubro en las tarifas que se cobran, por concepto de “inversiones ambientales adicionales”. Dice López que la CRA no fijó topes para el incremento de estas tarifas, lo que dejaría dicho incremento “a discreción del prestador del servicio”.
“Mientras la mayoría de los colombianos celebrábamos el Año Nuevo, el Gobierno firmó un ‘cheque en blanco’ a favor de las empresas de acueducto y alcantarillado. Y no con cargo a las arcas gubernamentales, sino al bolsillo de los usuarios. ¿Cuánto pagaremos de más? Eso lo definirá cada empresa prestadora del servicio, que en este caso obrará como juez y parte”, anotó López.
Según explica el congresista, el cobro de un monto por costos de protección de fuentes de agua en las facturas de acueducto y alcantarillado ya está permitido en la Ley de Servicio Público, por lo que no encuentra explicación en que la CRA autorizara lo que sería un segundo cobro por un concepto muy similar.
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“Acá pretenden cobrarle a un mismo usuario dos veces por el mismo concepto. Las corporaciones autónomas regionales ya recaudan dineros para este fin mediante las empresas de acueducto y alcantarillado, que a su vez les trasladan ese costo a los usuarios. Ahora, las empresas quieren hacer esas tareas directamente, también con cargo a quien paga la factura”, agrega el representante López.
En cifras, ilustra López, lo que pasaría hipotéticamente si la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) decidiera cobrar un 1 % adicional en la tarifa por el concepto aprobado por la CRA, es que el costo que anualmente pagarían los usuarios sería de unos $ 8.400 millones.
Otra de las tesis que maneja el congresista es que ante este posible cobro se podría generar una carga adicional a los distritos y municipios si se tiene en cuenta que el servicio de acueducto y alcantarillado, en la mayoría de los casos, es subsidiado en los estratos 1, 2 y 3.
Lo que habilita la resolución que aprobó la CRA el 30 de diciembre pasado es que las empresas prestadoras del servicio podrán trasladar a los usuarios los costos que se deriven, entre otros, de la compra o asilamiento de predios, la restauración ambiental, los proyectos para recarga de acuíferos, el monitoreo hídrico y el pago por servicios ambientales.
A partir de la resolución del 30 de diciembre pasado, las empresas prestadoras del servicio podrán trasladar a los usuarios los costos derivados de compra y aislamiento de predios; proyectos para recarga de acuíferos; restauración ambiental; protección y recuperación de rondas; monitoreo hídrico; pagos por servicios ambientales; entre otros.