La incertidumbre sobre el futuro del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que presta sus servicios a Cali y al suroccidente del país, tiene en vilo una inversión estimada en 4,3 billones de pesos. El proyecto de una nueva concesión, presentado como una Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada, no ha sido adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pese a que desde 2016 se han presentado diferentes cronogramas para avanzar en la licitación.
Así lo denunció el presidente de la Cámara, Julián López (La U). Según López, el retraso significaría que Palmira estaría en riesgo de perder 30.000 millones de pesos anuales en contraprestaciones aeroportuarias, recursos claves para financiar proyectos de movilidad e infraestructura vial. En un horizonte de 30 años, esa suma ascendería a cerca de 2 billones de pesos.
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“Esto no es solo un tema técnico, es una batalla por el Valle, su dignidad, competitividad y patrimonio”, aseguró el congresista, quien advirtió que citará a debate de control político a la ANI, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte.
De no concretarse la concesión, afirmó, también se pondrían en riesgo 34.000 empleos directos e indirectos proyectados con la modernización del aeropuerto. Entre las obras contempladas están la ampliación de la plataforma de carga a 35.000 metros cuadrados, una plataforma comercial de 85.000 metros cuadrados, una nueva torre de control, un dique nacional de 15.800 metros cuadrados, un terminal de bajo costo de 7.300 metros cuadrados, 18 nuevos puentes de abordaje y un nuevo edificio de Aerocivil.
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La APP fue diseñada como un proyecto sin recursos públicos, a cargo de inversionistas privados que asumirían la construcción, ampliación y operación del aeropuerto durante 30 años. La meta es aumentar en un 120 % la capacidad de la terminal, pasando de 7 a 15 millones de pasajeros al año en los próximos 25 años. Sin embargo, bajo la administración de la Aeronáutica Civil, los recursos previstos se limitarían a operación y mantenimiento, lo que según críticos pondría en riesgo la gestión comercial, la atracción de nuevas rutas y aerolíneas, así como “el crecimiento económico de Palmira, Cali y todo el suroccidente colombiano”.
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