Entre los desaciertos que se le enrostran a la exministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez están el haber dicho en un foro que el acuerdo producto de una negociación con las extintas Farc era “semifallido” y el haber retado a la masa en las calles cuando, en plenas convocatorias del paro nacional, difundió a través de las redes sociales una seguidilla de mensajes bajo la etiqueta #NoPudieron, que, palabras más, palabras menos, les decían a los manifestantes que, a pesar de las marchas, no habían logrado “derrocar al Gobierno”. Sin embargo, todas esas salidas en falso parecen cosméticas si se tiene en cuenta que Gutiérrez no pudo con su tarea central: consolidar mayorías en el Congreso de la República para sacar adelante la agenda del Ejecutivo.
En boca de muchos congresistas, cuando apenas terminaba el primer período legislativo, los resultados que mostraba el Gobierno en los medios de comunicación no eran más que producto de una estrategia de “comensalismo”, en la que Gutiérrez y el presidente Iván Duque, por supuesto, se pegaron de varias iniciativas que habían tenido origen en los partidos políticos o en entidades como la Fiscalía General de la Nación. Iban en la misma línea de los intereses del Gobierno, sí, pero su trámite exitoso no fue, en muchos casos, ni siquiera producto de consensos.
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Eso parecía tenerlo claro el primer mandatario, quien poco a poco fue apartando del cargo a Gutiérrez, a tal punto que, como señalaron en su momento algunos parlamentarios, a las reuniones con los partidos no asistía la mininterior sino la jefa de gabinete, María Paula Correa. De esa manera, además, es entendible la llegada de Alicia Arango Olmos, una mujer de fuertes vínculos con el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, y que entró al gabinete de Duque como ministra del Trabajo. Arango Olmos acompañó a Uribe en la campaña presidencial de 2002 y durante su mandato fue su secretaria privada, por eso conoce de cerca los intríngulis de los manejos políticos en el país.
Sus tareas son varias, pero la principal es alinear los apoyos en torno a los proyectos que son prioridad para el Gobierno, como la reforma pensional, la reforma laboral y una posible reforma político-electoral, que ya había tocado el fondo del océano congresional durante los tiempos de Gutiérrez. Incluso se habla de una reforma a la salud. El presidente Duque tiene confianza en ello. “No tengo la menor duda de que usted hará una labor extraordinaria en el Ministerio del Interior”, manifestó el primer mandatario el pasado viernes en Cartagena, en donde posesionó a Arango en medio de unas palabras llenas de elogios.
Y el tema del manejo del Congreso fue determinado como su primera misión: “En primer lugar, seguir construyendo una coalición programática, una coalición centrada en ideas al servicio de los colombianos, donde, más allá de las diferencias políticas, seamos capaces de concentrarnos en sacar adelante una agenda que les sirva a los colombianos más vulnerables y que permita acercar toda la capacidad de respuesta del Estado a las regiones de Colombia. No tengo dudas de que usted tiene todas habilidades para hacerlo, por su rigor y también su capacidad de acercarse a distintas fuerzas políticas y de entender cuáles son las aspiraciones de cada cual para poder sacar adelante puntos convergentes”.
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A pesar de este nuevo aire que Duque intenta inyectarle a su administración, se abren varios interrogantes que giran sobre una idea: si el jefe de Estado habla de un gran acuerdo nacional con todos los sectores políticos, ¿por qué nombra en la cartera política a una uribista purasangre? El analista y profesor Andrés Dávila, en un artículo del portal Razón Pública, definió el reciente movimiento en el interior del gabinete de la siguiente manera: “Nombrar a una ministra del uribismo duro reafirma el deseo de aislamiento del actual gobierno, especialmente porque se trata del ministerio que se encarga de las relaciones con el Congreso y con los demás partidos”.
Lo cierto es que el nombramiento de Arango en el mininterior no llega solo, sino que hubo cambios en otras carteras que pueden considerarse como guiños a sectores políticos que pudieron ser problemáticos para el Gobierno en el Congreso de la República. Tal es el caso del nuevo ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, cercano al partido Cambio Radical, pero sobre todo a Germán Vargas Lleras.
En principio, el nombramiento avivó las diferencias entre el senador Rodrigo Lara y el exvicepresidente, pero lo que ocurrió la noche del 12 de febrero en el hotel Tequendama, en Bogotá, disipó las dudas, o al menos declaró a Vargas Lleras como ganador, cuando en reunión de bancada se manifestó el apoyo de la mayoría: “Difícilmente un colombiano se encuentra más preparado para ocupar esa posición”. Una situación similar sucede con el nuevo mintrabajo, Ángel Custodio Cabrera, cercano al Partido de la U, y el nuevo minagricultura, Rodolfo Enrique Zea, cercano a los conservadores.
Arango tendrá también que garantizar el éxito de la protección de la vida de líderes y lideresas sociales en el país, una amenaza que no cesa y que tiene al Gobierno contra las cuerdas. Esa tarea, encomendada por el presidente Duque el día de la posesión a la nueva mininterior, se deberá desarrollar desde la estructura del Plan de Atención Oportuna (PAO), que se estableció durante la gestión de Gutiérrez. Asimismo, deberá asumir la articulación de la consulta previa bajo dos premisas del primer mandatario: la interlocución con las comunidades y sus necesidades, y la garantía del “derecho al desarrollo”. ¿Será Arango capaz de lograr que las bancadas rodeen al Gobierno o, por el contrario, se convertirá en la acentuadora de un evidente resquebrajamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo? La gestión apenas comienza.