:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/JTDLXkvmrUcQUONFelTGrTsXXWM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/HCJW6FKL3BBY3EM4VF4WKU4FJI.jpg)
En un comunicado, la organización no gubernamental Amnistía Internacional manifestó su preocupación frente a la ola de violencia contra los defensores de Derechos Humanos de las diferentes regiones del país registrada desde la firma del Acuerdo de Paz y en aumento desde la semana pasada.
De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, del primero de enero de 2016 al 30 de junio de este año han sido asesinados 311 líderes y lideresas en el país. Solo en los últimos ocho días fueron víctimas de homicidios Luis Barrios, en Atlántico, Santa Felicinda Santamaría, en Chocó, Margarita Estupiñán, en Nariño, Ana María Cortés, en Antioquia y se presumen José Fernando Jaramillo, en Ituango, y Ancízar Cifuentes, en Tolima, aunque aún no hay claridad sobre si estos últimos ejercían liderazgo comunitario y si esa fue la causal de su muerte.
Ante el panorama, la organización advirtió este lunes que “Colombia enfrenta una grave crisis de Derechos Humanos” y que “el conflicto armado recrudece ante los ojos inertes del gobierno saliente y el silencio cómplice del gobierno electo”, refiriéndose a la respuesta que han tenido tanto el actual mandatario, Juan Manuel Santos, como el futuro presidente, Iván Duque.
“La violencia selectiva contra personas defensoras de derechos colectivos alcanza ya un carácter generalizado y se constituye en una vulneración masiva de los derechos. Es altamente preocupante la poca información y respuesta de las autoridades colombianas de todos los niveles para condenar estos hechos y tomar medidas urgentes de prevención y protección”, aseguró Amnistía Internacional.
Le puede interesar: Reforzar el compromiso del Estado con DD.HH, pide Amnistía Internacional a Duque
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la ONG, expresó que “el silencio cómplice de las autoridades colombianas no puede continuar. Con el asesinato de quienes defienden los derechos humanos, se va destruyendo el tejido social de comunidades que históricamente han enfrentado cruelmente las consecuencias del conflicto armado, y ahora se encuentran en mayor riesgo por la reorganización de grupos paramilitares que se reciclan y reemergen con fuerza, reviviendo el sufrimiento causado en el país”.
Guevara enfatizó en lo que se vive en algunas localidades de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño, donde, según ha sido detallado por otras organizaciones sociales, “los principales afectados son personas que ejercen liderazgos comunales, indígenas, afrodescendientes y quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado”.
Para Amnistía Internacional, la situación se ha recrudecido debido a “la lenta implementación del Acuerdo de Paz en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y el abandono del Estado”. Esto sería, según el movimiento de Amnistía, “la fórmula para que actores armados coopten territorios y continúen asesinando con impunidad”.
La ONG viene pidiendo a las autoridades colombianas investigar los homicidios de líderes comunitarios y tomar medidas urgentes para protegerlos desde meses atrás.
Vea: "¡No más líderes sociales asesinados!": el país clama por justicia en la Velatón Nacional
El viernes pasado, incluso, la misma ciudadanía alzó su voz e inundó de velas y mensajes las plazas públicas del país exigiendo justicia para quienes han sido asesinados y por la vida de quienes, a pesar de las amenazas e intimidaciones, se resisten a callar y aún luchan por defender los derechos de sus comunidades.