Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno Nacional y a las Farc que aseguren que los culpables de crímenes contra la humanidad serán llevados ante la Justicia, dos días después de que ambos anunciaran los principios que regirán el debate sobre las víctimas del conflicto armado en el país.
"El hecho de que el Gobierno y las Farc se hayan comprometido a colocar los derechos de las víctimas en el centro del proceso de paz es un buen paso hacia adelante. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Cualquier acuerdo que fracase en asegurar que los sospechosos de abusos serán llevados ante la Justicia será incompleto y frágil", afirmó Marcelo Pollack, investigador para Colombia de Amnistía Internacional.
Los negociadores del Gobierno de Colombia y las Farc anunciaron el sábado en La Habana los diez ejes que regirán el debate sobre las víctimas del conflicto.
Entre ellos figuran el reconocimiento de responsabilidad, la reparación a las víctimas y la satisfacción de sus derechos, el esclarecimiento de la verdad, la garantía de no repetición y el principio de reconciliación.
No obstante, Amnistía Internacional denunció que esos ejes no incluyen un compromiso para garantizar que se imparta justicia.
"El Gobierno debe asegurar que los responsables de crímenes bajo la legislación internacional no se escapen simplemente. Las víctimas tienen derecho a que se imparta justicia en tribunales ordinarios. Será un reto, pero es la única forma de asegurar una paz efectiva y duradera en Colombia", añadió Pollack.
Las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla se iniciaron en octubre de 2012 en Cuba y se retomarán después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del próximo domingo.
"Los altísimos niveles de impunidad han sido una de las razones por las que el conflicto ha durado tanto. Los delincuentes saben que simplemente pueden escaparse de ello (de la justicia)", denunció Amnistía Internacional.
Según esa organización, con sede en Londres, para demostrar que son sinceras con los derechos de las víctimas, las dos partes deben comprometerse a poner fin inmediatamente a los abusos y violaciones de los derechos humanos, y las autoridades deben "impartir justicia" a los sospechosos de crímenes contra los derechos humanos.