En medio de una pelela política con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, Angie Rodríguez Fajardo anunció pasada la medianoche del martes su renuncia al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y su llegada al Fondo Adaptación.
“Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”, afirmó Rodríguez en un mensaje divulgado por el DAPRE. Ella ya venía desempeñándose como gerente encargada de esa entidad desde el 4 de noviembre, cargo que asumió de manera simultánea mientras era directora del Dapre.
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La pelea entre Carrillo y Rodríguez no había hecho más que subir de tono dentro del Gabinete del presidente. En los últimos días, el director de la UNGRD había hecho públicas sus diferencias con ella, denunciando supuestos despidos masivos en el Fondo Adaptación. En sus más recientes declaraciones, el director de la UNGRD manifestó que considera que estos despidos son de carácter “ilegal”.
Carrillo interpuso una queja formal por presunto acoso laboral ante la Defensoría del Pueblo y aseguró que el conflicto trascendía lo personal. “Esto no se trata de una queja por mis sensibilidades, yo puedo manejar mis sensibilidades y mis dolores, pero el problema es que esto afecte al desempeño de las entidades”, dijo. A su vez, Rodríguez había cuestionado la gestión de Carrillo cuando estuvo al frente de esa entidad, señalando una supuesta nula ejecución durante su periodo.
Hay que recordar que el Fondo de Adaptación es la entidad que ejecuta millonarios recursos para obras de mitigación del riesgo y reconstrucción en zonas vulnerables del país y que, desde finales de 2023, quedó en el centro de una fuerte disputa política tras recibir $1,1 billones para invertir en los municipios de La Mojana. Como lo reveló en su momento El Espectador, ese presupuesto convirtió a la entidad en un foco de interés para sectores políticos y desató una pugna interna en el Gobierno, con acusaciones cruzadas de malos manejos, baja ejecución, presuntas irregularidades en la contratación y posibles usos políticos de los recursos.
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A ese pulso se suman las alertas por una ejecución que no supera el 3 % de esos recursos, denuncias sobre contratos adjudicados sin avances visibles y la apertura de investigaciones preliminares por parte de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para establecer si hubo irregularidades o riesgo para el erario. Carrillo, por su parte, se ha defendido señalando que durante su gestión alertó sobre posibles irregularidades y remitió denuncias a los órganos de control, y que los ataques en su contra hacen parte de una estrategia política para desacreditarlo. Además, ha insistido en que la baja ejecución del Fondo no puede calificarse automáticamente como corrupción y ha cuestionado los señalamientos sobre su administración.
Precisamente, y frente a esa baja ejecución, la Procuraduría General de la Nación abrió el pasado 15 de diciembre una indagación previa contra funcionarios por determinar del Fondo de Adaptación por presuntas irregularidades en varios contratos que, según la información conocida, tendrían una ejecución presupuestal del 0 %. La investigación abarca procesos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, La Mojana y la llamada Ruta del arroz, cuyos montos superarían en conjunto los $100.000 millones, y busca establecer si existieron presiones o vínculos políticos en la adjudicación de esos negocios jurídicos, así como eventuales interferencias a la interventoría para favorecer a determinados contratistas.
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